COLABORACIÓN

Por Antonio Corcino

Si consideramos que la libertad de prensa y la libertad de expresión son cimientos necesarios en cualquier sociedad democrática. Y si partimos que los eventos recientes dados en los medios en la República Dominicana constituyen el inicio de una etapa en la historia de los medios, entonces los debates suscitados sobre si estos derechos están amenazados se podrían tipificar como solo una muestra de cómo están afianzados estos derechos.

Este episodio comienza destacando al periodista Julio Martínez Pozo y la Procuraduría General de la República (PGR). Las declaraciones y acciones de ambas partes generaron preocupaciones y controversias en la opinión pública.

La oportuna intervención del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) podría confundir, aunque que, señalando posibles amenazas al ejercicio del periodismo libre, obligo que otros actores se colocarán en distintos puntos de la polémica.

Es importante establecer que la libertad de prensa protege el derecho de los medios a informar sin censura, promoviendo la transparencia y el acceso a la información.

Por otro lado, está la libertad de pensamiento que igual está llamada a garantizar a todos los individuos que gocen del derecho a tener y expresar sus ideas sin ninguna coerción.

A pesar de las disputas, es pertinente examinar las evidencias y los informes de organismos competentes. Reporteros Sin Fronteras (RSF) indica que el país ha mejorado su índice de libertad de prensa, en su informe señala los avances significativos que ha logrado.

Asimismo, el Índice Chapultepec posicionó a RD en el primer lugar de su ranking latinoamericano, destacando el respeto a la libertad de prensa sin restricciones significativas.

Sin embargo, no todo es positivo. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala sus preocupaciones sobre la influencia política y la concentración de propiedad mediática, lo que de alguna manera podrían limitar la independencia de los medios dominicanos.

Además, otro punto es el que señala la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuando advierte que la Ley 1-24 tiene puntos que podrían poner el peligro la confidencialidad de las fuentes, así como el derecho a la privacidad.

En esta controversia, toma parte Charles Mariotti del PLD, quien como figura política se expresa haciendo estimaciones de las recientes medidas de la PGR, las que dice que hay intenciones e intentos de coartar la libertad de expresión, y de esa forma respalda al periodista Martínez Pozo.

En ese ambiente, la PGR aclara reiterando su compromiso con la transparencia y el respeto a la prensa. Ratificar que dichas acciones, como su deber de buscar, evitar la obstrucción de la justicia y están dirigidas a los que están involucrados en los expedientes.

En su comunicado deja claro que los acuerdos que se hicieron fueron conformes a la ley y, por supuesto, desmiente las acusaciones de que los pactos sean indebidos, lo que anuncia que los expedientes y acuerdos de casos de corrupción están disponibles en su portal.

Más adelante, el Ministerio Público expuesto ante la prensa también destaca el derecho ciudadano a cuestionar sus acciones, pero observa como deshonestos algunos de los ataques.

En su exposición frente a distintos comunicadores, asegura que seguirán persiguiendo la corrupción, suscribe la importancia de las soluciones alternas en el proceso penal como significación de la transparencia.

En paralelo al desarrollo de este capítulo, fluye la revisión de la Ley 1-24 como muestra del compromiso por parte del gobierno y diversos sectores para encontrar un consenso que proteja los derechos fundamentales.

La comisión encabezada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) trabaja en propuestas para solidificar que la legislación respete la libertad de prensa.

En este tramo se suma Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, escribe para respaldar el Anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales.

Nos describe que este ambiente es más de consenso que de actitud de las autoridades en imponer o de limitar derechos. Aporta al destacar la importancia de la libertad de expresión como derecho constitucional, como es de opinión, que se permita a todos expresar opiniones libremente y acceder a información relevante.

Entonces, a esta parte de este episodio de las recientes tensiones y debates en el país, la libertad de prensa y de expresión no parecen estar bajo una amenaza inmediata.

Los informes de organismos internacionales lo sustentan cuando indican avances significativos en estos derechos; no estamos en un estadio ideal porque persisten preocupaciones sobre la influencia política y la concentración de medios.

Las acciones de la PGR y las revisiones legislativas señalan la misión que se tiene sobre la transparencia y la protección de estos derechos fundamentales; ese panorama nos sugiere que solo se trata de un pasaje de intereses encontrados y no una vulneración sistemática.