COLABORACIÓN
Por Nelly Montas Gil
La situación del magisterio en las universidades de La Romana es una realidad alarmante que refleja la precariedad laboral en la que se encuentran muchos profesores.
El hecho de que una universidad pague tan solo RD$2,000 pesos mensuales por impartir una materia es una clara muestra de abuso y desvalorización de la labor docente, especialmente cuando se exige que estos profesores cuenten con maestrías y una formación académica avanzada.
Este salario, además de ser insuficiente, no cubre ni siquiera los gastos básicos asociados al desempeño de su labor.
El problema se agrava cuando se toma en cuenta que muchos de estos profesores deben asistir a la universidad varias veces a la semana para impartir clases.
Si el profesor no cuenta con un vehículo propio, el costo del transporte público puede consumir gran parte de ese salario mensual. Y en caso de contar con un automóvil, el gasto en combustible y mantenimiento también resulta insostenible.
Con los precios actuales de la gasolina, gran parte del ingreso mensual de estos docentes se destina a cubrir esos costos, lo que deja poco o nada para otras necesidades básicas.
Las universidades en La Romana imponen tarifas elevadas a los estudiantes, especialmente en lo que respecta al derecho de graduación. Esto crea una contradicción flagrante: mientras que los estudiantes deben hacer un esfuerzo económico significativo para poder graduarse, los profesores que forman a esos mismos estudiantes reciben un pago irrisorio por su labor.
Es un desequilibrio que debería llamar la atención de la sociedad en su conjunto, ya que pone en evidencia un sistema educativo que prioriza el lucro por encima de la calidad y el bienestar de quienes hacen posible la formación académica.
A pesar de la precariedad, algunos profesores han tenido el valor de unirse y solicitar un aumento salarial que refleje de manera más justa su nivel académico y esfuerzo.
Sin embargo, la respuesta de la universidad ha sido la cancelación de aquellos que alzaron la voz. Este acto de represalia es una violación clara de los derechos laborales y demuestra una falta de respeto total hacia los docentes.
Cancelar a profesores por simplemente exigir una mejora en sus condiciones salariales no solo es injusto, sino que también envía un mensaje de intimidación a los demás, creando un ambiente de miedo donde los profesores sienten que no pueden expresar sus necesidades sin temor a perder sus empleos.
El hecho de que se cancelen a los profesores por pedir un aumento salarial también deja en claro que estas universidades operan bajo una lógica de explotación laboral.
Al mismo tiempo que exigen a sus docentes un alto nivel de formación y dedicación, se niegan a compensarles adecuadamente por su trabajo. Este abuso se mantiene en silencio, ya que parece que nadie en la comunidad académica, ni en la sociedad en general, se atreve a denunciarlo públicamente.
Las universidades, como centros de formación y desarrollo humano, deberían ser espacios donde se promueva la justicia y la equidad, no lugares donde se explote a los profesionales que sostienen el sistema educativo.
Son muchos profesores que se ven obligados a aceptar solo una o dos materias por semestre, lo que limita aún más su capacidad de generar un ingreso digno. Incluso aquellos que imparten hasta cuatro materias, que debería ser considerado un trabajo de tiempo completo, terminan recibiendo un salario que sigue siendo insuficiente para sostener a una familia o cubrir sus propios gastos.
Esto pone en evidencia la precarización extrema a la que se enfrentan, ya que no solo tienen que lidiar con la carga laboral, sino también con la falta de oportunidades de crecimiento profesional y económico.
Las universidades deberían ser defensoras del conocimiento y la equidad, se han convertido en espacios de explotación, donde los docentes son vistos como simples herramientas desechables.
Es urgente que se tomen medidas para corregir esta situación, ya que la calidad de la educación depende, en gran medida, del bienestar de quienes la imparten.
Las universidades deben reconsiderar su modelo de negocio y priorizar a sus profesores, no solo como una cuestión de justicia, sino también como una inversión en la calidad educativa.


Ojalá que esta situación empiece a cambiar y se vea partir de ahora, que los maestros universitarios son los verdaderos forjadores del conocimiento, al más alto nivel, dentro del sistema educativo nacional. Que se destierre, de una vez y por todas, la idea que se tiene, de que el profesor universitario es una simple herramienta. Que se respete la dignidad de esos profesionales que forman a otros profesionales. ¡Pero ya!