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Quevedo Informativo > Blog > Nacionales > Pelegrin Castillo Semán propone 7 fundamentos para un histórico Pacto Nacional en torno a la crisis haitiana y sus repercusiones en el país
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Pelegrin Castillo Semán propone 7 fundamentos para un histórico Pacto Nacional en torno a la crisis haitiana y sus repercusiones en el país

Redacción Quevedo Informativo
Last updated: 15 de abril de 2023 10:43 AM
Redacción Quevedo Informativo - Redacción Quevedo Informativo
Published 15 de abril de 2023
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7 Min Read
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Santo Domingo, R.D.- El reconocido legislador, político y actual vice presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Horacio Castillo Semán, mejor conocido como Pelegrín Castillo, dio a conocer siete fundamentos para un histórico Pacto Nacional en torno a la crisis haitiana y sus repercusiones en el país.

La carrera del experimentado político se ha caracterizado por centrar sus esfuerzos legislativos en asuntos que abarcan aspectos nacionales e internacionales, como son la redefinición de los límites marítimos de República Dominicana, el fomento del comercio exterior, el acceso a las nuevas tecnologías, la exploración petrolera, los estímulos a las energías renovables, la protección básica al medio-ambiente, al trabajo, a la producción nacional, la lucha contra la criminalidad organizada, la reforma del Estado dominicano y las relaciones domínico-haitianas.

En ese último tenor, a continuación, compartimos los citados fundamentos transcritos íntegramente:

1. Reconocimiento general de que la RD enfrenta en el presente la situación extrema, excepcional, crítica, con mayores y mas graves peligros y riesgos para su existencia como estado nacional, de toda su historia republicana.

2. Aceptación de que es un imperativo del momento histórico que vive el mundo, el continente y la isla, realizar un gran esfuerzo de unidad patriótica, más allá de los partidos y las posiciones ideológicas para evitar que el proyecto histórico RD sufra daños difíciles de superar, o se destruya en el contexto de un conflicto de envergadura

3. Aceptación de que los desafíos que nos plantea la condición de Estado Fallido de Haití, y la cuestionable actitud de la CI y sus organismos representativos, son de tal magnitud y complejidad, que no pueden ser enfrentados y superados en forma aislada por ningún actor político o nacional, ni con ánimo de aprovechar posiciones coyunturales, ni mucho menos, con el interés de extraer ventajas de tipo electoral, partidaria, sectorial o corporativa.

4. Aceptación de que no hay un solo sector del liderazgo político y nacional que no tenga algún grado de responsabilidad-por acción u omisión, en mayor o menor medida-, en la situación generada por el esquema de relaciones insulares e internacionales que prevalece hace décadas, y que, en consecuencia, no esté particularmente obligado, a cerrar filas en la defensa de la soberanía y autodeterminación, la integridad territorial y demográfica, la identidad nacional histórica y cultural de la República. Existe una oportunidad única de salir bien librado de la trampa mortal en que nos ha colocado un conjunto de factores y procesos, a la vez que este es el último chance de procurar una solución internacional justa y racional, dentro de un esquema de corresponsabilidad compartida, a los arduos problemas de coexistencia y potenciales conflictos en la Isla de Santo Domingo.

5. Disposición de adoptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad y defensa como de política exterior, en relación a la crisis de Haití que reiteramos acusa la condición de estado fallido o colapsado, y que ademas ha sido virtualmente abandonado por la CI. Dichos compromisos deben fundarse no solo en un nuevo enfoque de solidaridad activa y efectiva, sino en la convicción de que estos son el único medio de prevenir un proceso de balcanización nacional y/o desestabilización insular, con terribles efectos continentales e internacionales

6. Disposición de aprovechar la coyuntura de crisis general, para acometer en forma unificada, un conjunto de transformaciones de estructuras y procesos socioeconómicos, que en gran modo han incidido en la generación de estos escenarios de peligros y riesgos para la nación dominicana. Esto implicaría necesariamente asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el brutal proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales-con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerable-, tanto como el rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas, que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional. (Ver propuesta 80/20 de ProNacion).

7. En lo inmediato, adoptar un mecanismo de consulta permanente, que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero si debe ser confiable, efectivo y ágil, entre los actores políticos y nacionales principales, para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con la agenda de poderes foráneos y organismos internacional , tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación. De este modo, se aseguraría que no pueda repetirse la experiencia reciente en relación a la iniciativa del proyecto de la ley de trata. Mas adelante, procedería una conferencia o cumbre nacional.

República Dominicana en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso. Debe enviar un solo mensaje, a partir de los postulados iniciales de la política exterior: no hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití; los problemas de Haití deben resolverse en Haití, mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida, que no excluya a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los que más deben y pueden.

Podemos y debemos cooperar con Haití y la comunidad internacional, solo en la medida en que el esfuerzo común este enfocado en el rescate y reconstrucción de Haití en Haití. Un gran Pacto de Nación, para una política de Estado debe ser un objetivo estratégico supremo de la República Dominicana y sus clases dirigentes.

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