La Romana, R.D.- Según la RAE (Real Academia del Español), el término paria significa «Persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, e incluso de su trato, por ser considerada inferior«.
Ésa fue la palabra usada por Mario Vargas Llosa en contra de República Dominicana en noviembre de 2013, en su ácido artículo «Los parias del Caribe«, publicado en el rotativo español El País.
El escrito criticaba la decisión del Tribunal Constitucional al emitir la sentencia 218/13, emitida el 23 de septiembre de 2013, la cual en esencia establecía establecía que sólo se consideran como nacionales las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales.
El caso numerado TC- 05-2012-0077, se le conoció internacionalmente como «La Sentencia 168 o el caso Juliana Deguis Pierre«.
En detalles ese caso legalmente se definió como «Juliana Deguis Pierre contra la JCE o recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado contra la Sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata«.
Pero, ¿Quién es Juliana Deguis Pierre?
Según datos, Juliana Deguis Pierre nació en Yamasá, provincia de Monte Plata, el 1 de abril de 1984, hija de Blanco Deguis y Marie Pierre.
Conocida como la impetrante (peticionaria) en el mencionado caso tras ésta depositar el original de su acta de nacimiento en el Centro de Cedulación del Municipio de Yamasá, provincia de Monte Plata, y requerir la expedición de su cédula de identidad y electoral.
La Junta Central Electoral había rechazado esa petición bajo el fundamento de que la solicitante fue inscrita de manera irregular en la Oficialía del Estado Civil de Yamasá, siendo hija de nacionales haitianos ilegales.
Bajo esta premisa el desde ayer ciudadano dominicano, se basó en su critico artículo el cual replicamos a continuación:
Los parias del Caribe
PIEDRA DE TOQUE. La sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana sobre el caso de Juliana Regis Pierre es un desatino que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes irregulares
Mario Vargas Llosa
Juliana Deguis Pierre nació hace 29 años, de padres haitianos, en la República Dominicana y nunca ha salido de su tierra natal. Jamás aprendió francés ni créole y su única lengua es el bello y musical español de sabor dominicano. Con su certificado de nacimiento, Juliana pidió su carnet de identidad a la Junta Central Electoral (responsable del registro civil), pero este organismo se negó a dárselo y le decomisó su certificado alegando que sus «apellidos eran sospechosos». Juliana apeló y el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional dominicano dictó una sentencia negando la nacionalidad dominicana a todos quienes, como aquella joven, sean hijos o descendientes de » migrantes » irregulares. La disposición del Tribunal ha puesto a la República Dominicana en la picota de la opinión pública internacional y ha hecho de Juliana Deguis Pierre un símbolo de la tragedia de cerca de 200.000 dominicanos de origen haitiano (según Laura Bingham, de la Open Society Justice Initiative) que, de este modo, la mayoría de ellos de manera retroactiva, pierden su nacionalidad y se convierten en apátridas.
La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano es una aberración jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos años (muchos siglos) avecindados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad. Por lo pronto, se insubordina contra una disposición legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la que la República Dominicana forma parte) que, en septiembre de 2005, condenó a este país por negar su derecho a la nacionalidad a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, dominicanas como Juliana, e igual que ella hijas de haitianos. Con este precedente, es obvio que, si es consultada, la Corte Interamericana volverá a reafirmar aquel derecho y la República Dominicana tendrá que acatar esta decisión, a menos que decida —algo muy improbable— retirarse del sistema legal interamericano y convertirse a su vez en un país paria.
Hay que señalar, como lo hace The New York Times el 24 de Octubre, que dos miembros del Tribunal Constitucional dominicano dieron un voto disidente y salvaron el honor de la institución y de su país oponiéndose a una medida claramente racista y discriminatoria. El argumento utilizado por los miembros del Tribunal para negar la nacionalidad a personas como Juliana Deguis Pierre es que sus padres tienen una » situación irregular «. Es decir, hay que hacer pagar a los hijos (o a los nietos y bisnietos) un supuesto delito que habrían cometido sus antepasados. Como en la Edad Media y en los tribunales de la Inquisición, según esta sentencia, los delitos son hereditarios y se transmiten de padres a hijos con la sangre.
A la crueldad e inhumanidad de semejantes jueces se suma la hipocresía. Ellos saben muy bien que la migración » irregular » o ilegal de haitianos a la República Dominicana que comenzó a principios del siglo veinte es un fenómeno social y económico complejo, que en muchos períodos —los de mayor bonanza, precisamente— ha sido alentado por hacendados y empresarios dominicanos a fin de disponer de una mano de obra barata para las zafras de la caña de azúcar, la construcción o los trabajos domésticos, con pleno conocimiento y tolerancia de las autoridades, conscientes del provecho económico que obtenía el país —bueno, sus clases medias y altas— con la existencia de una masa de inmigrantes en situación irregular y que, por lo mismo, vivían en condiciones sumamente precarias, la gran mayoría de ellos sin contratos de trabajo, ni seguridad social ni protección legal alguna.
Uno de los mayores crímenes cometidos durante la tiranía de Generalísimo Trujillo fue la matanza indiscriminada de haitianos de 1937 en la que, se dice, varias decenas de miles de estos miserables inmigrantes fueron asesinados por una masa enardecida con las fabricaciones apocalípticas de grupos nacionalistas fanáticos. No menos grave es, desde el punto de vista moral y cívico, la escandalosa sentencia del Tribunal Constitucional. Mi esperanza es que la oposición a ella, tanto interna como internacional, libre al Caribe de una injusticia tan bárbara y flagrante. Porque el fallo del Tribunal no se limita a pronunciarse sobre el caso de Juliana Deguis Pierre. Además, para que no quede duda de que quiere establecer jurisprudencia con el fallo, ordena a las autoridades someter a un escrutinio riguroso todos los registros de nacimientos en el país desde el año 1929 a fin de determinar retroactivamente quiénes no tenían derecho a obtener la nacionalidad dominicana y por lo tanto pueden ser ahora privados de ella.
Si semejante paralogismo jurídico prevaleciera, decenas de miles de familias dominicanas de origen haitiano (próximo o remoto) quedarían convertidas en zombies, en no personas, seres incapacitados para obtener un trabajo legal, inscribirse en una escuela o universidad pública, recibir un seguro de salud, una jubilación, salir del país, y víctimas potenciales por lo tanto de todos los abusos y atropellos. ¿Por qué delito? Por el mismo de los judíos a los que Hitler privó de existencia legal antes de mandarlos a los campos de exterminio: por pertenecer a una raza despreciada. Sé muy bien que el racismo es una enfermedad muy extendida y que no hay sociedad ni país, por civilizado y democrático que sea, que esté totalmente vacunado contra él. Siempre aparece, sobre todo cuando hacen falta chivos expiatorios que distraigan a la gente de los verdaderos problemas y de los verdaderos culpables de que los problemas no se resuelvan, pero, hemos vivido ya demasiados horrores a consecuencias del nacionalismo cerril (siempre máscara del racismo) como para que no salgamos a enfrentarnos a él apenas asoma, a fin de evitar las tragedias que causa a la corta o a la larga.
Afortunadamente hay en la sociedad civil dominicana muchas voces valientes y democráticas —de intelectuales, asociaciones de derechos humanos, periodistas— que, al igual que los dos jueces disidentes del Tribunal Constitucional, han denunciado la medida y se movilizan contra ella. Es penoso, eso sí, el silencio cómplice de tantos partidos políticos o líderes de opinión que callan ante la iniquidad o, como el prehistórico cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, que la apoya, sazonándola de insultos contra quienes la condenan. Yo creía que los peruanos teníamos, con el Cardenal Juan Luis Cipriani, el triste privilegio de contar con el arzobispo más reaccionario y antidemocrático de América Latina, pero veo que su colega dominicano le disputa el cetro.
Quiero mucho a la República Dominicana, desde que visité ese país por primera vez, en 1974, para hacer un documental televisivo. Desde entonces he vuelto muchas veces y con alegría lo he visto democratizarse, modernizarse, en todos estos años, a un ritmo más veloz que el de muchos otros países latinoamericanos sin que se reconozca siempre su transformación como merecería. El segundo de mis hijos vive y trabaja allá y entrega todos sus esfuerzos a apoyar los derechos humanos en ese país, secundado por muchos admirables dominicanos. Por eso me apena profundamente ver la tempestad de críticas que llueven sobre el Tribunal Constitucional y su insensata sentencia. Éste es uno de esos momentos críticos que viven todos los países en su historia. Lo fue también cuando ocurrió el terrible terremoto que devastó a su país vecino, Haití, en enero de 2010. ¿Cómo actuó la República Dominicana en esa ocasión ? El Presidente Leonel Fernández voló de inmediato a Puerto Príncipe a ofrecer ayuda y ésta se volcó con una abundancia y generosidad formidables. Yo recuerdo todavía los hospitales dominicanos repletos de víctimas haitianas y los médicos y enfermeras dominicanos que volaron a Haití a prestar sus servicios. Esa es la verdadera cara de la República Dominicana que no puede verse desnaturalizada por las malandanzas de su Tribunal Constitucional».
Nacionalidad dominicana
En el día de ayer, el presidente Luis Abinader le ofreció la nacionalidad dominicana al escritor y éste aceptó la misma al momento de trascender que tendría largas estadías en el país, específicamente entre Santo Domingo y Juan Dolio.
Inmediatamente dada a conocer la noticia, las figuras políticas de Vinicio Castillo Semán y su hermano Pelegrín Castillo, rechazaron públicamente la decisión gubernamental y éstos se les sumó la periodista Consuelo Despradel.
Los dos primeros y por separado expresaron que «(Mario) Vargas Llosa y su hijo han acusado falsamente a la República Dominicana de racismo y apatridía» y «(Mario), Vargas Llosa no merece que se le otorgue nacionalidad privilegiada. Es un grave error histórico del presidente haber tomado dicha iniciativa pese a que Vargas Llosa acusó al país de nazis por sentencia 168/13«, respectivamente.
Por su lado Consuelo Despradel dijo que «da vergüenza el hecho de que la República Dominicana le otorgue la nacionalidad al escritor que ni siquiera es peruano porque se hizo español. Después que nos dijo que nosotros con esa sentencia habíamos desnacionalizado a mas de 200 mil dominicanos de ascendencia haitiana y no solamente eso, sino que esa sentencia correspondía a las manifestaciones más nazis que se puedan pensar y que se puedan hacer contra un pueblo, si mismo lo dijo. Un ser humano como él, que se casó con su propia tía y que siempre envidió a Gabriel García Márquez, no merece la nacionalidad dominicana«.
Sobre Mario Vargas Llosa
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, 28 de marzo de 1936), conocido como Mario Vargas Llosa, es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993.
Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura 2010, el Cervantes 1994 —considerado como el más importante en lengua española—, el Príncipe de Asturias de las Letras 1986, el Biblioteca Breve 1962, el Rómulo Gallegos 1967 y el Planeta 1993, entre otros.
Junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, es uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano.
Como escritor, alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966) y Conversación en La Catedral (1969). Continuó cultivando prolíficamente varios géneros literarios, como el ensayo, el artículo y el teatro. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine y a la televisión. La mayoría de sus novelas están ambientadas en Perú y exploran su concepción sobre la sociedad peruana; en cambio, en La guerra del fin del mundo (1981), La fiesta del Chivo (2000) y El sueño del celta (2010) ubica sus tramas en otros países.
En 2021 fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esa institución, de la que es el primer miembro que no ha escrito obras en lengua francesa, a pesar de que la habla con fluidez. Favoreció tal elección el que Vargas Llosa fuera el primer escritor de lengua no francesa al que la prestigiosa colección La Pléiade de Gallimard le ha publicado su obra en vida. Es el segundo latinoamericano que llega a la academia después del argentino Héctor Bianciotti.
Nexos con República Dominicana vía el cine
Mario Vargas Llosa adaptó al cine su aclamada novela «Pantaleón y las visitadoras» en 1975.
La película fue filmada en República Dominicana (luego de la restricción del Gobierno del Perú para rodarla en ese país) y codirigida por José María Gutiérrez Santos y Mario Vargas Llosa, quien además tuvo un pequeño papel secundario de militar.
El elenco estuvo compuesto por actores como el español José Sacristán (Pantaleón), los mexicanos Katy Jurado (la Chuchupe), Rosa Carmina (Rosa, la bailarina), Pancho Córdova (El Sinchi) y Martha Figueroa (Francisca), las peruanas Camucha Negrete (la Brasileña) y Silvia China Gálvez (Pechuga).
La cinta no tuvo mucho éxito, y fue prohibida en el Perú por parte del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Terminado dicho régimen a fines de 1980, fue reestrenada en dicho país el 26 de noviembre de 1981, aunque con una escena censurada donde aparecía un sacerdote castigando a una visitadora por sus actos.
Sobre esta adaptación y su papel en ella, Vargas Llosa comentó en 2012: «Es una película que no hay que ver de ninguna manera, que si se cruza en su camino y ustedes me tienen en alguna estima, por favor no vean, porque además actúo. Es una película espantosamente mala y todo es culpa mía«.
