Santo Domingo, R.D.- Cristián Casablanca, conductor de televisión y presentador, alegadamente se habría beneficiado de la eliminación de un expediente penal que pesaba en su contra, según refirió el abogado
Lenín Solano al precisar a medios de prensa, que el nombre de éste, salía referido en el actual caso denominado Operación Gavilán.
El jurista añadió además que el presentador televisivo se habría beneficiado con el levantamiento de un impedimento de salida que pesaba sobre su persona.
El Ministerio Público expresó que las personas citadas en la investigación serían interrogadas.
Casablanca, cuyo nombre de pila es Adrián Donato Salcedo, ganó cierta notoriedad en medios de comunicación a nivel nacional, por especializarse en tarot, astrología, numerología y consejos de mejora, generando seguidores de todo el país.
Su popularidad ha migrado a redes sociales por igual donde presenta excéntricos episodios de situaciones sociales, aparte de exhibir una variedad de estilo de vida y contenido promocional.
¿Qué contempla la denominada Operación Gavilán?
El pasado 1 de agosto el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
El Ministerio Público sostuvo este lunes que a 16,958 personas les fueron borrados o alterados los registros de antecedentes penales por parte de los imputados de la Operación Gavilán.
Así lo expusieron los fiscales litigantes que representaron al Ministerio Público en la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra 12 personas vinculadas a la red criminal.
La fiscal Sourelly Jáquez dijo sobre el proceso: “se presentó hoy la medida de coerción, donde, no solamente se indicaron las más de 8 mil personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino fueron 16,958 personas, que, conforme al peritaje técnico, les fueron eliminados o borrados los antecedentes penales”.
Añadió “en el día de hoy también se le dio oportunidad a que los imputados manifestaran sus declaraciones y sus medios de defensa, donde dos imputados declararon en esta fase, dentro de ellos, el miembro actual de la Policía Nacional, Antony Ferrer, quien admitió los hechos que presentó el Ministerio Público en la medida de coerción”.
Fiscales implicados
Sobre los fiscales involucrados en la red, dijo que “son de diferentes jurisdicciones y ya Inspectoría y la Procuraduría General de la República, como había dicho anteriormente, en los próximos días van a estar indicando quiénes son los fiscales”.
Entre los involucrados también se encuentran los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
El Ministerio Público presentó su solicitud de medida de coerción contra los 12 imputados de la Operación Gavilán ante el juez Rigoberto Sena, quien subió al estrado pasado el mediodía y luego de ponderar incidentes presentados por algunas defensas, ordenó el inicio de la jornada.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público detalló las imputaciones de cada uno de los vinculados y la calificación jurídica de los delitos cometidos por la desmantelada red.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
En el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

