COLABORACIÓN

Por Rafael Chaljud Mejía

Espero que el presidente Luis Abinader no promulgue la ley aprobada ya por las cámaras, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. El Estado sabrá cuántas agencias de espionaje crea. Es su facultad, pero debe cuidarse de crear un organismo basado en una ley de inspiración dictatorial.

Que todos, instituciones estatales y privadas, y personas físicas, quedaríamos obligados a entregarle a esa DNI todas las informaciones que ella requiera.

Todos quedaríamos convertidos en informantes de esta nueva entidad, aunque no estemos registrados en su matrícula como agentes; dice el proyecto que, si la DNI lo requiere, hasta la prensa estaría obligada a delatar sus fuentes; los bancos, el poderoso sector financiero del país, se espantó ante el contenido de esta ley y como los bancos son los bancos, parece que hubo que hacer algunas modificaciones al proyecto original.

Todos estaríamos obligados a darle a esa DNI cualquier información que esa dependencia considere de seguridad nacional, aunque hay un principio según el cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Además, esto tiene sus riesgos políticos y la historia registra todo lo que han hecho gobiernos anteriores contra los acusados, generalmente inocentes, de atentar contra la seguridad nacional.

Leí que esta ley quiso ser aprobada por las cámaras en un solo día, como si no fueran tan serias las implicaciones que ella encierra.

Entonces, hay que hablar en nombre de la defensa de las libertades públicas y los derechos democráticos. De eso se trata y aquí estoy hablando.

Aunque tengo la esperanza de que el presidente con el equilibrio y la prudencia que lo caracterizan, observará ese proyecto.

Ni él es hombre de actitudes autoritarias, ni el gobierno actual necesita de leyes como esa.

El presidente ha probado con hechos que sabe escuchar y poner atención a la opinión pública y hasta rectificar propuestas suyas si su buen juicio se lo dicta.

En eso se fundamenta mi esperanza de que después de hacer las enmiendas necesarias, devolverá al Congreso esta ley tan extraña y tan fuera de época.

Después de costosísimas luchas, aquí fue inaugurada una apertura política en 1978. Llevamos cuarenta y seis años sin perseguidos ni presos políticos, cosa nunca vista en toda nuestra historia. No hay necesidad de hacer cosas que obliguen a uno a traer a la memoria hechos y momentos que no deben repetirse.