COLABORACIÓN
Por Manuel Castillo
En La Romana, República Dominicana, el proceso para impedir que un candidato a alcalde que haya sido procesado judicialmente y encarcelado por delitos graves, endeudamiento del cabildo, beneficio personal, violación a los códigos de ética del cabildo, o haya ignorado y abandonado sus funciones, puede variar dependiendo de las disposiciones constitucionales y legales establecidas en el país. A continuación, se presentan algunas posibles formas de abordar esta situación:
1. Leyes electorales y de calificaciones: Es posible establecer requisitos específicos para ser candidato a alcalde en la legislación electoral y de calificaciones. Estos requisitos pueden incluir la ausencia de condenas penales o procesos judiciales pendientes por delitos graves, así como la demostración de un historial ético y de cumplimiento de deberes públicos. Estas leyes pueden ser promulgadas o modificadas por el poder legislativo, siempre y cuando sean acordes con los principios constitucionales y los derechos fundamentales establecidos.
2. Procedimientos judiciales: Si un candidato a alcalde ha sido procesado judicialmente y encarcelado por delitos graves, la justicia puede tener un papel importante en determinar la elegibilidad para el cargo. Los tribunales pueden emitir sentencias que establezcan restricciones o inhabilitaciones para ocupar cargos públicos en caso de condenas por delitos específicos. Sin embargo, es importante que estos procedimientos judiciales se lleven a cabo de conformidad con el debido proceso y las garantías legales establecidas en la Constitución.
3. Control y fiscalización: Los órganos de control y fiscalización, como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, pueden desempeñar un papel fundamental en la prevención y sanción de conductas indebidas por parte de los funcionarios públicos, incluidos los alcaldes. Estas instituciones pueden investigar y auditar el manejo de los recursos públicos, así como las acciones de los alcaldes, y en caso de detectar irregularidades o malas prácticas, pueden informar a las autoridades correspondientes y, en última instancia, pueden contribuir a la inhabilitación o destitución de los mismos.
4. Participación ciudadana y transparencia: La participación ciudadana activa y el acceso a la información son elementos fundamentales para prevenir y combatir la corrupción y el mal gobierno. La sociedad civil y los medios de comunicación pueden desempeñar un papel importante en la denuncia de conductas indebidas y en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de los candidatos a alcalde. Además, es posible fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información en las instituciones gubernamentales, lo que permitirá a los ciudadanos conocer y evaluar el desempeño de los alcaldes, así como denunciar cualquier irregularidad.
Es importante destacar que cualquier medida adoptada para impedir que un candidato a alcalde con un historial de delitos graves o malas prácticas asuma el cargo debe respetar los principios constitucionales, los derechos fundamentales y el debido proceso legal.
Además, es fundamental fomentar una cultura de integridad, ética y responsabilidad en el ejercicio del poder público, y promover la participación ciudadana activa en la vigilancia y control del gobierno local.

