COLABORACIÓN

Por Rolando Hernández

Desde el retorno a la democracia hace unas seis décadas, los delitos electorales han estado presentes en los procesos de elecciones celebrados en la República Dominicana. Tanto las elecciones presidenciales y congresuales han sido permeadas por los delitos electorales.

Los más beneficiados de los delitos electorales han sido los partidos que en su momento han ostentado poder, pero esto no excluye a los partidos políticos que han estado en la oposicion.

Los delitos electorales calificados como la sombra detrás del poder, en realidad han contribuido a elegir y mantener presidentes.

La presencia de los delitos electorales ha sido tan evidente que el propio día de las elecciones son cometidos por personas que en ningún momento son detenidas para enfrenta a la justicia.

A pesar de que todos los partidos políticos tienen conocimiento de la situación, los delitos electorales siguen afectando el sistema democrático de la nación dominicana.

Sin embargo, la realidad es que la Ley Electoral 15-19 crea la Procuraduría Especializada para investigar y perseguir los crímenes electorales.

El Procurador actual encargado de perseguir los delitos electorales, es el Procurador General de Corte, Iván Vladimir Félix Vargas que en coordinación con el Ministerio Publico han capacitado 125 fiscales y 79 abogados para ir detrás de las personas acusadas de cometer delitos electorales que incluyen: la violación del secreto del voto, compra de votos, amenazas para influir en el derecho al sufragio de funcionarios y empleados públicos y privados.

Además, se encargan de perseguir los crímenes electorales que van desde la falsedad, el soborno, la amenaza, la falsificación y el fraude.

El Código Penal Dominicano establece que ambas infracciones que tienen como finalidad impedir el derecho de los votantes serán castigadas con penas de seis meses a dos años de prisión, en especial los crímenes electorales, los cuales prescriben a los anos de ser cometidos de acuerdo al artículo 45 del Código Penal.

Mientras que los delitos electorales en vez de reclusión se castigan con prisión correccional. Otras infracciones administrativas que dificulten el derecho al sufragio serán aplicadas por la Junta Central Electoral (JCE) que incluirán sanciones económicas sobre la base del salario mínimo. Los delitos electorales también son graves violaciones la Constitución de la República.

Aunque no existe ningún tipo de condena sobre los delitos y crímenes electorales desde el 1960 época en la que fue recuperada la democracia dominicana, lo cierto es que ya es hora de que el sistema de justicia con el apoyo de los partidos políticos y la ciudadanía actúe con manos de hierro contra los sectores que amparados en los delitos y crimines electorales corroen el derecho al sufragio de los dominicanos.