Juez intimó al MP a presentar acto conclusivo en un plazo de 15 días.
Santo Domingo, R.D.- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, declaró inadmisible el pedimento del Ministerio Público (MP) para que se le otorgara una prórroga de cuatro meses a fin de culminar las investigaciones y presentar acto conclusivo en el caso Calamar, que se encuentra en curso desde finales del 2020.
La jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, tomó la decisión basándose en que la resolución que impuso la medida de coerción a varios de los imputados en este caso data del 29 de marzo de 2023, por lo que aseguró que no hay forma de que se pueda proceder a la solicitud elevada por los fiscales del MP.
De esta manera, el tribunal acogió el pedimento de los abogados del ex ministro Gonzalo Castillo, al cual se adhirieron las demás defensas, quienes alegaron que la investigación no podía extenderse más allá del 29 de marzo de 2024, al cumplirse un año de la imposición de la medida.
La jueza reconoció también que la prórroga para investigar se otorgó de facto, en la medida en que ya trascurrieron los ocho meses iniciales y también los cuatro meses como plazo máximo de la única prórroga que admite el proceso penal actual. A lo anterior, añadió que no hay posibilidad de prórroga sobre prórroga.
Por esos motivos, declaró carente de objeto la solicitud de prórroga e intimó al MP para que presente su acto conclusivo en un plazo de 15 días.
Solicitud de prórroga del Ministerio Público habría sido hecha traspara suspensión del pasado 25 de marzo
En la audiencia fijada para las 9:00 de la mañana, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, fue la encargada de decidir si se le otorga a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) una ampliación del plazo para terminar con la formulación de la acusación que, de acuerdo a los fiscales, estaba “lo suficientemente blindada”.
Se recuerda que esta operación se puso en marcha en marzo del 2023 -luego de casi tres años de investigaciones por parte de la PEPCA- con múltiples allanamientos y apresamientos que obtuvieron gran cobertura mediática, al estar involucrados tres ex ministros de la gestión del ex presidente de la República Danilo Medina.
El caso fue declarado complejo en abril del pasado año por la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, y al vencerse los plazos para presentar acusación, el MP solicitó una prórroga de cuatro meses a la magistrada Patricia Padilla.
La jueza Padilla fue recusada por la defensa de José Ramón Peralta, debido a «actitudes deliberadamente parciales» que estarían «obstruyendo el derecho a la defensa» del ex ministro, y en sustitución de Padilla, fue designada la magistrada Ana Lee Florimón.
A su vez, Florimón fue recusada por el MP horas antes de que diera a conocer su decisión. Posteriormente, durante una audiencia, la magistrada alegó ser víctima de persecución y acoso debido al desempeño de sus funciones.
En respuesta, el Poder Judicial informó que investigaba dicha denuncia, pero hasta la fecha no se conocen los resultados de las pesquisas.
El pasado 18 de marzo de este año se cumplió un año de los arrestos en la operación Calamar, finalizando el tiempo máximo establecido por el Código Procesal Penal para que el Ministerio Público presentara acusación.
