COLABORACIÓN

Por Antonio Corcino

A partir del 16 de agosto, se inicia un nuevo período legislativo en la República Dominicana, donde el Congreso tendrá la responsabilidad de legislar, representar, fiscalizar y ejercer control político.

Los senadores y diputados deben crear nuevas disposiciones legales y modificar las existentes para adaptarlas a la realidad del país.

Este proceso es vital para el desarrollo del país y la convivencia en un Estado social y democrático de derecho.

Tomando en cuenta que los legisladores son representantes de sus demarcaciones, legislan para todos y no para favorecer o beneficiar a un sector en particular.

En teoría, son soberanos en sus decisiones, como a no coger presión o chantajes de ningún sector; por el contrario, ejercer sus funciones constitucionales apegadas a los procedimientos y las normas, no más.

La expresión de deseo del presidente de Asonahores, David Llibre, cuando advierte que modificar la actual estructura legislativa del sector podría disuadir la inversión extranjera y afectar negativamente la economía.

Destaca que el turismo genera el 40% de la producción económica y contribuye con el 10% de los ingresos fiscales, recaudando 155 mil millones de pesos en impuestos. Es esencial mantener la legislación vigente para asegurar el crecimiento de destinos como Pedernales y Miches.

La legislación turística dominicana, ejemplificada por la Ley No. 541-69, establece las bases del marco legal para el desarrollo y promoción del turismo.

El Ministerio de Turismo (MITUR) es el encargado de implementar políticas turísticas, supervisar actividades relacionadas y asentar la calidad de los servicios. Esta estructura promueve un crecimiento ordenado y sostenible del turismo en el país.

Bajo la misma visión, se crea la Ley No. 158-01 como marco legal para proporcionar los incentivos fiscales esenciales para el desarrollo turístico, ofreciendo exenciones de impuestos para proyectos en áreas designadas.

Esta ley ha sido modificada para adaptarse a nuevas necesidades. Busca sostener beneficios continuos y fomentar la inversión en infraestructura y servicios turísticos.

Como también, establece reglamentos técnicos y normativas ambientales complementarias que afiancen un desarrollo sostenible.

Si bien constituyen un marco legislativo viejo que requiere adecuar a la nueva realidad y dinámica del país y el mundo, aún siguen siendo un medio para impulsar la cooperación público-privada, y de establecer alianzas estratégicas y comités consultivos que no solo incluyen representantes del gobierno, sino a la industria turística y la sociedad civil.

Dicho así, al momento representa un armazón institucional para apuntalar que las políticas turísticas sean inclusivas y efectivas.

Además, posee normas de protección al consumidor y de certificar la calidad, como legítima la seguridad y los derechos de los turistas.

Ahora bien, mantener la legislación vigente podría proporcionar estabilidad y seguridad jurídica, puesto que permite a inversionistas y operadores turísticos planificar a largo plazo con certeza.

Los beneficios fiscales que instruye podrían ser útiles para seguir atrayendo inversiones, las cuales son fundamentales para el desarrollo de nuevas áreas turísticas.

Esto históricamente de alguna manera ha ayudado a consolidar el crecimiento económico, como ha permitido que los proyectos turísticos en curso avancen sin la incertidumbre de cambios legislativos.

Sin embargo, la falta de actualizaciones legislativas podría dificultar la adaptación a nuevas tendencias y necesidades del mercado.

Otros destinos turísticos en la región podrían actualizar sus marcos legales, poniendo al país en desventaja competitiva.

Además, la legislación vigente podría no abordar adecuadamente los desafíos emergentes relacionados, como por ejemplo con el cambio climático y la conservación de recursos.

De modo que, el nuevo período legislativo que se inicia el 16 de agosto representa una oportunidad crucial para asegurar la estabilidad y el crecimiento del sector turístico nuestro.

Mantener la legislación vigente podría ser una manera de proporcionar un marco de seguridad jurídica para inversionistas y operadores turísticos. De fomentar la continuidad de proyectos y atraer nuevas inversiones.

No obstante, es imperativo que los legisladores evalúen y adapten las normativas para enfrentar desafíos emergentes y tendencias del mercado, asegurando así un desarrollo turístico equilibrado y sostenible que beneficie a toda la nación.