COLABORACIÓN

Por Alfredo Cruz Polanco

Al observar la aberrante decisión de tantos imputados y acusados de cometer diferentes actos de corrupción pública, devolver a la Procuraduría General de la República miles de millones de pesos, buscando comprar su libertad, cómo salir absueltos de la pena judicial a la que están siendo sometidos o para tratar de disminuir la misma, nos preguntamos si estos hechos responden a una realidad legal o a una pesadilla.

Tenemos desgraciadamente que retrotraer aquella penosa frase: “República Dominicana es un país sumamente rico, pero pobremente administrado”, es decir, este produce mucha riqueza pero una gran parte de la misma va a parar a los bolsillos de los corruptos.

En varios países del área, las procuradurias han optado por negociar con los imputados de cometer actos de corrupción, para reducirles la pena correspondiente a cambio de que devuelvan parte del botín sustraído, aun estando conscientes de que lo devuelto es una mínima parte de los recursos sustraídos a las instituciones del Estado, pues el que devuelve una suma así es porque sustrajo una cantidad mucho mayor. Se parte del criterio de que con este proceder el Estado pierde menos que aplicarle una condena severa.

Sin embargo, estos casos son muy exiguos, comparados con la gran cantidad de ilícitos cometidos en esta y en pasadas administraciones, pues debido al tráfico de influencias políticas existente, no se aplica un régimen de consecuencia contundente a todos los que los cometen. ¡Qué pena! ¿Cómo es posible que existiendo tantas leyes, normas y acuerdos internacionales anti corrupción, por falta de voluntad y por complicidad política, se tenga que llegar a estos extremos tan vergonzosos?

La corrupción del siglo XXI es muy diferente a la de otrora. Antes los funcionarios sustraían objetos, muebles, inmuebles y algunos valores en efectivo de las instituciones públicas. Ahora son miles de millones de pesos que les son sustraídos a través de licitaciones, compras, contrataciones, sobrevaluaciones y adendas fraudulentas de obras, en componendas con el sector privado, lo que se denomina “Colusión”.

Muchos actos de corrupción se realizan tecnológicamente. Luego estos antisociales se quieren presentar como “honorables” y se atreven a argumentar durante su defensa, de que no han cometido ningún acto de corrupción en contra del Estado dominicano.

El que sustrae o se apodera de lo ajeno, aunque devuelva parte o la totalidad de lo sustraído, sigue siendo tan corrupto como el que no lo hace, más, cuando no ha habido un sincero arrepentimiento, pues solo lo admiten por la presion de la justicia. Con ello reconocen el hecho que se le imputa. Sobre su persona y la de toda su familia, continuará recayendo para el resto de toda su vida, una mancha indeleble.

Esta situación tan bochornosa y aberrante no debe continuar sucediendo, algo tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que un país que tiene un gran sistema de control interno, externo, legislativo y social, del que tanto se habla de transparencia y persecución a la corrupción administrativa, cualquier pelafustán se apodera de miles de millones de pesos del erario público y no sucede nada ni se disparan las alertas del sistema de control del país?

Los actos de corrupción pública deben ser considerados como un crimen lesa patria; debe aplicarse un régimen de consecuencia en el que sean drásticamente castigados en su justa dimensión, porque cuando se produce una sustracción o distracción de los recursos públicos, para el pueblo dominicano, sobre todo, para los más humildes, eso significa menos: salud, educación, vivienda, agua potable, electricidad, comida, seguridad social y ciudadana; menos medicina para los hospitales, menos oportunidades y esparcimiento, es decir, menos calidad de vida.

Reflexionando utópica y quiméricamente, si en nuestro pais no hubiese tanta corrupción pública y privada; evasión (45%, tantas exenciones fiscales, exoneraciones y subsidios a los sectores poderosos, nuestro pais fuera uno de los más ricos y desarrollados, pues nuestra economía fuera una de las más sólidas de toda el área del Caribe y Centro América; tendríamos un gran desarrollo humano y social y no existieran tantas desigualdades sociales, tanta pobreza y marginalidad.

Además, no tendríamos la deuda social acumulada que hoy padecemos ni esa gran brecha entre ricos y pobres, por tanto hoy no estaríamos enfrentados por una reforma fiscal infernal, la cual puede desencadenar en grandes consecuencias económicas, políticas y sociales. ¡Protejamos pues los recursos del Estado y condenemos a todos los corruptos, que son los responsables de la pobreza y la marginalidad de nuestro país! Ojalá que así sea.