COLABORACIÓN

Por Antonio Corcino

El gobierno dominicano prepara su propuesta de reforma fiscal. Diferentes sectores productivos, expectantes, expresan sus preocupaciones. Aunque aún no se ha presentado oficialmente, se anticipa que la reforma buscará modernizar el sistema tributario, mejorar la recaudación y asegurar la sostenibilidad fiscal del país.

El presidente Luis Abinader y el ministro de Economía, Pável Isa Contreras, han afirmado que la reforma beneficiará a las clases desfavorecidas, destacando la necesidad de más recursos para eliminar la pobreza absoluta y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

La reforma fiscal supone incrementar los ingresos del Estado, garantizar su sostenibilidad financiera y mejorar la eficiencia y equidad del sistema tributario.

Es fundamental que su configuración tome en cuenta minimizar impactos negativos y maximizar beneficios, que asegure una distribución justa de la carga tributaria y mejores servicios públicos para la sociedad.

Dentro de esta incertidumbre, es vital que la reforma también aborde la necesidad de reducir el déficit fiscal, actualmente financiado con deuda interna y externa.

Con una deuda consolidada del 59.1% del PIB y una presión tributaria del 13.9%, inferior al promedio regional del 21.5%, es determinante aumentar la recaudación.

De este modo, le permitiría al gobierno invertir en salud, seguridad ciudadana e infraestructura, mejorando la sostenibilidad de la deuda pública.

La calidad del gasto público debe basarse en transparencia, eficiencia, equidad, efectividad y sostenibilidad. Mejorar el gasto implica usar recursos de manera racional y efectiva, priorizando necesidades y garantizando la rendición de cuentas.

Una reforma fiscal que cumpla con estos criterios podría generar beneficios económicos significativos para la sociedad.

En cualquier ejercicio de diseño, el régimen de exenciones, exoneraciones y subsidios que abarcan áreas como el turismo, la agricultura, las zonas francas, las energías renovables y la inversión extranjera tendrá que ser reevaluado.

Estas medidas han sido significativas para el desarrollo económico, pero siempre ha estado expuesto a críticas sobre su transparencia y equidad.

Revisar y mejorar estas políticas para respaldar su efectividad y evitar abusos o privilegios injustificados cada vez se hace necesario.

En particular, el sector turístico, deberá prepararse para ajustar sus políticas para no solo considerar la generación de ingresos, sino también el bienestar y desarrollo de las comunidades locales.

La participación comunitaria en la toma de decisiones y la distribución equitativa de beneficios económicos tendrán que ser parte de los necesarios cambios que se avecinan para viabilizar un desarrollo turístico sostenible.

Esto implica necesariamente proteger los recursos naturales y culturales, fomentar la inclusión social y promover el desarrollo humano integral.

En ese escenario está el futuro del régimen de exenciones y exoneraciones al turismo es uno de los principales puntos de discusión. La Ley 158-01 es la causante de haber impulsado el desarrollo turístico mediante incentivos fiscales y financieros, pero prevalece entre sus actores la necesidad de adaptarla para abordar desafíos actuales, como la sostenibilidad y la inclusión de las comunidades locales.

En un contexto internacional de expectativas de recuperación, como país enfrentamos desafíos importantes en el sector turístico, como la volatilidad en los mercados, la competencia global y las nuevas normativas sanitarias. La sostenibilidad también es un factor crítico que obliga a ser flexibles y adaptarse a nuevas realidades.

En ese sentido, los actores del sector turístico, incluidos el gobierno, organismos reguladores y empresarios, deben buscar nuevas formas de operar bajo una estrategia de diversificación y preparación. Esto implica gestionar la demanda y la oferta de manera eficaz, considerando la competencia y los cambios en las preferencias de los turistas.

Dicho así hay que convenir que, la reforma fiscal en República Dominicana es una medida necesaria para certificar la sostenibilidad financiera del país y mejorar la equidad y eficiencia del sistema tributario.

Aunque aún no se han presentado los detalles específicos, la discusión y el análisis continúan entre los diferentes sectores, buscando un equilibrio entre los beneficios y costos de estas importantes reformas será la tónica que ocupará la atención de la sociedad.