COLABORACIÓN

Por Antonio Corcino

Razones de pesos nos llama al sacrificio. El presupuesto general del estado dominicano para el año 2024 es de RD$1,619,676,766,963.

Esto incluye ingresos consolidados de aproximadamente RD$1,115,861 millones y gastos consolidados, resultando en un déficit público proyectado de RD$229,247,906,568, lo que representa el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Actualmente, enfrentamos un déficit fiscal significativo. Es responsabilidad del gobierno tomar medidas drásticas para equilibrar el presupuesto. Es tiempo de tener que ofrendar algunos sectores, algunos, por tanto, obligatorios a sortear.

Los primeros aspectos que frecuentemente son tomados en cuenta para recortar son los incentivos, las exoneraciones y las exenciones fiscales.

El gobierno da muestra de esfuerzo para mejorar el gasto público, pero esto no es suficiente. Ahora bien, como nación estamos convocados a promover el desarrollo en diversas áreas, es menester someterlos a revisiones y ajustes en este tiempo de déficit de financiación, el cual es reconocido por todos como una necesidad a responder.

Enfrentar un déficit fiscal significativo puede requerir sacrificios necesarios, comparables a ceder un «mal menor» para obtener un «bien mayor».

Por ejemplo, revisar la Ley 158-01, considerar algunos de sus elementos para alinear los incentivos al desarrollo turístico como intención para aumentar los ingresos y disminuir el déficit público es una urgencia imperiosa, como afianzar el crecimiento económico y la inversión.

Conviene estimar aquellas disposiciones legislativas. Una de las primeras leyes que se pone en la mira que se podrían modificar como la relacionada con de los incentivos al desarrollo económico como la Ley 158-01, ver su caducidad y balancear sus resultados.

Reina la pertinencia entre los principales beneficiarios, llaman a que sea adecuada a la realidad que impone el déficit fiscal. Modificada en el 2013 para ampliar los incentivos fiscales a nivel nacional y extender el período de exención fiscal, pero no se orientó en impulsar proyectos sostenibles ni en acercar el desarrollo turístico a la comunidad local.

En esta discusión es imperativo incorporar otros aspectos que podrían traer múltiples beneficios sociales, como aquellas que generen empleos, mejoren los servicios básicos y las infraestructuras.

En tanto, convertidos en ingresos, esos incentivos implican destinarlos para proyectos que realmente contribuyan al desarrollo turístico y social, los que den muestra de sentido de responsabilidad social empresarial.

En este contexto, el gobierno, en común acuerdo con los legisladores, tiene la oportunidad en esta ocasión de beneficiar a las comunidades receptoras del turismo, adaptando lo que sea necesario como lo concerniente al objeto de la ley de Fomento al Desarrollo y su modificación (Ley 195-13).

Es ahora como inversión a la sostenibilidad, incorporar y de tratar de responder a cómo fomentar la recreación y el desarrollo de infraestructura verde, por ejemplo, en los destinos turísticos como Verón-Punta Cana, y financiar iniciativas que impacten directamente a sus residentes.

Parece que en el ánimo del presidente Luis Abinader impera el de que busque mejorar la calidad de vida, la promoción de estilos de vida saludables, se creen espacios comunitarios, se eduque ambientalmente y se reduzca la delincuencia.

Este estado es compartido y también es debe que prime en cualquier propuesta para que sea costeada como fundamental la participación comunitaria.

Ante ese escenario, estas y otras medidas son vitales para afrontar este desafío con costo político, incluido, sin embargo, el déficit fiscal, equilibrar el presupuesto y asegurar la sostenibilidad financiera del Estado.

Una reforma fiscal integral, aunque dolorosa, es inexcusable por la equidad y la eficiencia del sistema tributario y mejorar los servicios públicos.

Al tener que nivelar, el gobierno tiene que contener lo que significa estar entre el dilema y a quién sacrificar temporalmente es visto como un «mal menor» un costo que deberá contraponer, lidiar con los intereses de los sectores afectados y convencer a la opinión pública de su pertinencia para alcanzar un «bien mayor»: la sostenibilidad económica y el bienestar a largo plazo del país.