COLABORACIÓN

Por Antonio Corcino

En República Dominicana se debate el aborto y sus tres causales, de separación y relevancia significativa, política y social. De ser aprobada la ley que lo regula, el referendo podría ser un medio para determinar su destino, como el motivo de esta discrepancia.

En tanto, el presidente Luis Abinader se suma al coro de los que entienden que este mecanismo democrático podría ser indicado para su abordaje por cuanto lo impulsa.

Actualmente, el aborto está prohibido en su totalidad en el país, lo que nos alinea con naciones como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Malta lo privan. Sin embargo, su práctica clandestina y sus consecuencias requiere una revisión legislativa, pero que esté basada en una consulta popular.

Otra vez que el Congreso dominicano está en el epicentro de la controversia, su destino depende de este cuerpo. Está en sus facultades considerar las propuestas que incluyen el tema del Código Penal. Si bien la Constitución de 2010 instruye el referéndum como un instrumento de consulta ciudadana, no la ley que lo regula.

Criticada por expertos constitucionalistas e instituciones esta actitud de omisión perezosa, legislativa, lo que subraya la pertinencia de cumplir con esta disposición para afianzar nuestro sistema democrático.

El plebiscito, fundamentalmente, es de carácter jurídico y político; sin embargo, es un medio valioso y poderoso de la democracia directa.

Ahora bien, por su autoridad, debe ser manejado con cuidado y con responsabilidad. Como reflejo de la voluntad popular llama a que sea bajo criterio de justicia y efectividad.

En ese sentido, es motivo de división entre expertos en derecho constitucional sobre su pertinencia y sentido de oportunidad de que sea invocado para modificar la Constitución.

En ese sentido, están agrupados los son de esa idea, los que no opinan, y otros, como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que argumentan en contra citando las especificaciones constitucionales.

La Cámara de Diputados en enero de este año aprobó en primera lectura una propuesta legislativa que busca implementar el referéndum en el país.

A través de este recurso se permitiría a los ciudadanos decidir directamente sobre este tipo de tema polémico de carácter nacional, con su voto dejaría establecido su posición.

El poder ejecutivo ha mostrado interés, aviva mediante una ley orgánica que regule el referendo consultivo y constitucional aprobatorio. Como gobierno aspira fortalecer los dispositivos de participación directa.

En este contexto de estos aparentes avances, están algunos diputados que han expresado preocupaciones sobre la viabilidad de aprobar las tres causales en el Congreso, a contraviento del creciente influjo conservador.

Algunos legisladores reclaman apoyo de la sociedad civil para poder torear las presiones de cambios e imponer un enfoque más humanitario hacia las necesidades de las mujeres dominicanas.

El controversial proyecto de ley para actualizar el Código Penal finalmente fue aprobado en segunda lectura por el Senado con el respaldo de 20 de los 22 senadores y tres rechazaron la iniciativa, mientras que los demás legisladores se ausentaron.

La nueva legislación dejó excluido las «tres causales» para la interrupción del embarazo, pero introdujo 72 nuevas tipificaciones penales para fortalecer el marco legal del país.

Ante este dilema social, están los conservadores (prohibicionistas), los reformistas (pro causales) y los indecisos (ciudadanos neutrales) que dificultan equilibrar los intereses individuales con los del colectivo. Este tirijala interactúa y moldea la opinión pública. No hay punto medio, sino la conveniente de implementarlo como procedimiento igualitario.

Aun con la existencia de un mandato constitucional, primero hay que crear una norma que lo normalice y segundo convocar a los votantes a una consultar, por ejemplo, que sea refrendada las tres causales del aborto según este procedimiento.

Solo a través de referéndum es que se podría resolver este desacuerdo de forma institucional y democrática, pero también ensancha y exacerba la fragmentación si no se gestionan adecuadamente las preocupaciones y expectativas de todos los grupos involucrados.

En definitiva, solo a través de un referéndum se podría resolver este conflicto de manera democrática. Con su implantación pasarían a pertenecer a la lista de naciones que tienen esa herramienta democrática como Irlanda, Chile, Uruguay, entre otros.

De ese modo, daríamos muestra de participación directa de los ciudadanos para realizar reformas legislativas significativas. Por lo que los congresistas tienen la oportunidad dentro de sus facultades de constituirnos en una sociedad más inclusiva y justa.