COLABORACIÓN

Por Antonio Corcino 

Descubre cómo la reforma fiscal en República Dominicana busca equilibrar el gasto público, combatir la evasión y modernizar los incentivos al turismo. ¿Es posible mantener el flujo de turistas y atraer inversiones mientras se promueve un desarrollo inclusivo y sostenible?
Antonio corcino

El gobierno dominicano está en la fase final de su reforma fiscal, con el objetivo de generar ingresos adicionales equivalentes al 1.5% o 1.7% del PIB.

Esta propuesta, en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal, busca equilibrar el gasto público y controlar el crecimiento de la deuda.

Aunque algunos sectores la critican, los datos muestran que el gasto público en República Dominicana está por debajo del promedio latinoamericano, lo que subraya la necesidad de optimizar el manejo de los recursos.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la lucha contra la evasión fiscal, enfocada en sectores y profesionales que no aportan adecuadamente al sistema.

Esta falta de contribución limita la capacidad del Estado para atender las demandas de servicios esenciales. El gobierno aspira que estos actores colaboren para fortalecer las finanzas públicas y garantizar el bienestar común.

El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, ha propuesto una reforma integral que elimina incentivos fiscales injustificados y establece un sistema tributario más equitativo.

La meta es recaudar más de 110,000 millones de pesos, lo que permitirá aumentar la inversión en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad, y de esta forma fortalecer la cohesión social como crecimiento económico.

El sector empresarial, especialmente la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), ha manifestado preocupación por la posible eliminación de los incentivos al turismo gestionados por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur).

Argumentan que estos beneficios son cruciales para atraer inversión extranjera, cuya reducción podría impactar negativamente el flujo de turistas y las recaudaciones fiscales.

A pesar de estas preocupaciones, el gobierno insiste en que los incentivos deben revisarse para asegurar que realmente contribuyan al desarrollo sostenible. La Ley 158-01, que ha sido clave en el crecimiento de zonas como Bávaro-Punta Cana, necesita modernizarse para alinearse con las realidades actuales y maximizar su impacto positivo en las comunidades locales.

El Confotur también enfrenta críticas por aprobar proyectos que no están verdaderamente orientados al turismo, sino que operan como negocios inmobiliarios. Esto ha generado desigualdades económicas locales.

Por tanto, es pertinente establecer un marco legal más claro que regule los proyectos beneficiados por estos incentivos.

En este contexto, es fundamental fomentar una mayor participación ciudadana en las decisiones del Confotur.

Involucrar a las comunidades locales en los proyectos que impactan su entorno garantizaría que las inversiones realmente beneficien a la población y no solo a intereses privados.

Esto aumentaría la confianza en las instituciones y promovería un crecimiento más inclusivo.

El camino es crear la base que fortalezca el marco legal y que aumente la transparencia en la administración de incentivos fiscales si se quiere evitar abusos, competencias desleales, injusticia y desigualdades.

La actual estructura ha permitido que algunos proyectos operen bajo condiciones desiguales, favoreciendo a unos pocos y generando desigualdad.

Una reforma bien estructurada corregirá estas distorsiones y promoverá una competencia más justa en el sector.

En resumen, la reforma fiscal es una oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y avanzar hacia un futuro más equitativo y sostenible.