Santo Domingo, R.D.- La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de José Gómez Canaán (Jochi) y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, principales acusados en el caso Camaleón
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes habían pedido imponerles 18 meses de prisión preventiva.
La jueza dispuso que Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcore Latam y de Aurix, así como Hugo Beras, cumplan la medida de coerción en la cárcel de Najayo-Hombres, San Cristóbal.
Asimismo, el tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, para ser cumplido en la cárcel de Najayo.
Mientras que en cuanto a los imputados Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, el tribunal impuso garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, fue enviado a arresto domiciliario.
Operación Camaleón
El Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles 3 de octubre, 2024, la denominada Operación Camaleón con la que arrestó a siete personas a las que, en las próximas horas, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
Sobre la acusación
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estableció que Hugo Beras impulsó el mecanismo de aporte de fondos provenientes de otra institución y gestionó apoyo financiero, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, asignándoles RD$1,200,000,000.00 del IDAC (Instituto Dominicano de Aviación Civil.
La entidad gubernamental reveló que por instrucciones de Beras, se iniciaron las actuaciones administrativas en el Intrat para ejecutar la contratación y que, tanto Beras como Francisco Álvarez Carbuccia, usaron presupuesto de la institución, pagando 20% del anticipo.
En el caso hoy otros seis imputados, siendo éstos Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas a quienes se les imputa de 13 delitos a través de medio de alta tecnología, por medio del contrato de Transcore, para la semaforización del Gran Santo Domingo, con cargos que van desde terrorismo, corrupción, contrabando, robo de identidad, sabotaje, desfalco y delito contra la nación.
Los mencionados tipos penales contra los siete están contenidos en la orden de arresto número 2024-AJ0020784 que, a solicitud del procurador Wilson Manuel Camacho Peralta, emitió la jueza del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Fátima Scarlette Veloz Suárez, en la que se declara la investigación por la comisión en violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución; los artículos 123 y 124, 147, 150 y 151 171 y 172, 265 y 266 y 405 del Código Penal.
Los artículos 11, 17, 27 y 28 de la Ley 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Artículos 5, 33, 34, 35, 36 de la Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 de la Ley 55-17, de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Artículos 5 y 8, letra F, de la Ley 267-08, sobre Terrorismo.
