COLABORACIÓN

Explorar el debate candente en la Cámara de Diputados sobre la reforma fiscal que impacta al sector turístico en la República Dominicana.

Con la eliminación de incentivos turísticos en juego, líderes del sector y el gobierno buscan un consenso crucial para el futuro económico del país.

Por Antonio Corcino

La Cámara de Diputados enfrenta el reto de analizar y decidir sobre el controversial proyecto de reforma fiscal presentado por el ejecutivo. Con un enfoque en la recaudación de RD$122,486.6 millones anuales, el proyecto ha sido enviado a la Comisión de Hacienda, donde se espera un detallado informe que permita su eventual aprobación, rechazo o modificación.

Aunque se propuso una comisión bicameral para agilizar el análisis, el Congreso decidió seguir el procedimiento regular.

El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con el consenso, destacando que las vistas públicas, que iniciarán el 17 de octubre, permitirán a los ciudadanos participar en la discusión de la reforma.

Este esfuerzo incluye la revisión de propuestas clave, como el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), en reuniones tripartitas entre el Gobierno, el Congreso y los sectores sociales.

Uno de los puntos más polémicos es la eliminación de incentivos turísticos de la Ley 158-01, una medida que ha causado gran preocupación en el sector.

El presidente de Asoleste, Ernesto Veloz, expresó su descontento, calificando la propuesta como una «desagradable sorpresa» y advirtiendo que enviaría un mal mensaje a la industria.

Según Veloz, estos incentivos son esenciales para que República Dominicana compita en igualdad de condiciones con otros destinos.

Por su parte, el sector turístico, liderado por Asonahores, ha manifestado su rechazo a la eliminación de estos incentivos, señalando el impacto negativo que tendría sobre la economía nacional, en especial en zonas como Punta Cana, que aún necesitan inversión y desarrollo. David Llibre, presidente de Asonahores, destacó que el turismo aporta un 16 % al PIB, subrayando la importancia de mantener los incentivos para asegurar el crecimiento del sector.

La Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Alfredo Pacheco, prometió un análisis minucioso del proyecto. El consenso entre los legisladores será clave para definir el futuro de esta reforma fiscal que no solo afecta al turismo, sino también a otros sectores estratégicos de la economía dominicana.

Entre los gremios y empresarios, se espera con interés el pronunciamiento de Frank Rainieri, pionero del desarrollo turístico en Punta Cana. Aunque ausente por razones de salud, su opinión es considerada fundamental dada su trayectoria y conocimiento del sector.

En medio de este debate, el gobierno ha prometido que buscará soluciones en conjunto con el sector hotelero y restaurantero. Abinader subrayó que en zonas como Pedernales y Montecristi ya existen incentivos similares que podrían servir de ejemplo para las negociaciones con el sector turístico.

El proyecto de modernización fiscal no solo busca mejorar la recaudación, sino también hacer más equitativo el sistema tributario. Entre sus objetivos están combatir la evasión fiscal, revisar las exenciones tributarias y ajustar impuestos como el de la propiedad inmobiliaria, lo que ha generado una amplia discusión en distintos sectores económicos y sociales.

La iniciativa del gobierno también está vinculada al proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, que contempla un ambicioso plan de racionalización de la administración pública. Este presupuesto, de un billón 484,234.6 millones de pesos, representa una apuesta por mejorar la eficiencia del gasto estatal.

A medida que avanza el proceso legislativo, será fundamental encontrar un equilibrio que permita fortalecer las finanzas públicas sin comprometer el desarrollo de sectores clave como el turismo. Las voces de empresarios, gremios y expertos como Rainieri serán decisivas en este crucial debate para el futuro económico del país.