COLABORACIÓN
Por Dario Yrizarry
En enero del año 2019, Hacienda emitió la resolución Núm. 005, en la que dejaba sin efecto la distancia de los 200 metros lineales que debían existir entre una banca y otra, medida tomada para beneficiar a un grupo con poder político que se apoderó del sector en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
En mayo del 2021 fue designado como nuevo administrador de la Lotería Nacional el señor Teófilo Quico Tabar en sustitución del Lic. Luis Maisichell Dicent, a raíz del fraude perpetrado por su administración en contra del Estado dominicano, quien fue judicializado junto a colaboradores.
Posterior a este bochornoso hecho, el nuevo titular de la Institución intentó «poner la casa en orden» tomando medidas correctivas con las buenas intenciones de sanear la Institución, acciones que fueron impedidas de manera abrupta por una «marcha que hiciera Fenabanca» en los frentes del Ministerio de Hacienda, ejerciendo presión al neonato gobierno. Desde ese entonces hasta hoy, los señores banqueros se han sobrepuesto a las disposiciones legales que los regulan. Amén.
Acto seguido, el nueve de febrero del 2022, el Presidente Luis Abinader emitió el Decreto Núm. 63-22, declarando de interés nacional la regularización de las bancas de loterías, que en su primer artículo dice textualmente «Se declara de interés nacional la regularización de las bancas de loterías que operan en todo el territorio nacional».
Hasta el día de hoy, fecha en que nos ocupamos del tema, el 70% de ellas operan de manera irregular, y la proliferación de estas va a ritmo asombroso a falta de regulación efectiva del Estado dominicano.
Los «banqueros» (como suelen llamarle), uno de los sectores productivos «vendedores de sueños» a través de los juegos de azar, han sido siempre grandes «evasores de impuestos», operando al margen de las leyes que los rigen, exentos por evasión de toda responsabilidad sobre el régimen de seguridad social, sobre el 80/20 del art. 135 que sobre el número de empleados dominicano extranjeros contratadas por los empresarios, superando a nuestras trabajadores dominicanos.
De manera que en la República Dominicana, para las bancas de loterías la ley es letra muerta, colocándose penosamente del lado de los que se opusieron a la reforma o modernización fiscal, tumbándole el pulso a los últimos gobiernos y obligándolos a violentar sus propias disposiciones legales.