COLABORACIÓN

Por Fernando Betancourt

Un vendedor de preventas llega al colmado, se acerca al dependiente e inicia el proceso de preventa. El vendedor proporciona la información de los productos y les asigna los precios. Han pasado tres días desde que el vendedor llegó al comercio, y las mercancías por fin llegan. Entre ellas, algunos productos tienen el margen de ganancia asignado por ley, mientras que otros son manejados a discreción, generando ganancias del 100% por cada artículo. El único afectado es el pueblo, mientras los comerciantes inescrupulosos continúan enriqueciéndose sin ninguna supervisión.
En la República Dominicana, el constante aumento de los precios de los bienes y servicios se ha convertido en un dolor de cabeza para los consumidores. Aunque existe un margen regulado de ganancia del 20% para los comerciantes, la falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades ha permitido que muchos hagan caso omiso a esta disposición, resultando en abusos que afectan directamente a la economía de los hogares dominicanos.
Los comerciantes, en su afán enfermizo de obtener ganancias, imponen precios desproporcionados que exceden considerablemente el margen permitido. Esta práctica, facilitada por la ausencia de controles rigurosos, ha creado un escenario de especulación y desigualdad en el acceso a productos básicos. El arroz, el aceite, los huevos y otros productos esenciales muestran incrementos injustificados que golpean especialmente a las familias de ingresos bajos y medios.
La Dirección General de Control de Precios y otras instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las normas han sido objeto de críticas por su ineficiencia. La supervisión es ocasional y carece de las herramientas necesarias para monitorear de manera efectiva el comportamiento de los comerciantes en todo el territorio nacional. Esto genera una percepción de impunidad que alienta a los infractores a continuar con sus prácticas abusivas.
Además, los consumidores también enfrentan desinformación, pues muchos desconocen el margen de ganancia permitido o los canales adecuados para denunciar irregularidades. Sin una campaña de concienciación efectiva, la participación ciudadana en la fiscalización de precios sigue siendo limitada.
El descontrol en los precios tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población. Muchas familias han tenido que ajustar sus presupuestos drásticamente, optando por productos de menor calidad o reduciendo su consumo. Esto no solo afecta la nutrición y el bienestar, sino que también incrementa la desigualdad social y la insatisfacción con las instituciones responsables.
Por otro lado, la informalidad del sector comercial también contribuye al problema. Muchos pequeños negocios operan al margen de las regulaciones, lo que dificulta aún más el control por parte de las autoridades.
Para enfrentar esta situación, es imprescindible fortalecer los mecanismos de supervisión y sancionar de manera ejemplar a los comerciantes que violen las normativas. Esto incluye el uso de tecnologías avanzadas para monitorear los precios en tiempo real y la capacitación de un mayor número de inspectores que puedan realizar verificaciones regulares y exhaustivas. Estos inspectores no deben ser colocados por el mero hecho de pertenecer al partido, debe ser gente capaz, no dada a ganancias deshonestas y que no se dejen sobornar por los ofrecimientos de aquellos que quieren continuar desangrando al pueblo.
Además, se requiere una mayor participación de los consumidores en la fiscalización. La gente tiene temor de decir las cosas como son o en su defecto sencillamente se hacen de la vista gorda. Es necesario que el pueblo tome las medidas de lugar al respecto y hoy más que nunca con tantos canales existentes para denunciar, es necesario que ocurra. La implementación de plataformas digitales para denunciar abusos y la divulgación de información clara sobre los precios regulados podrían empoderar a la población para exigir sus derechos.

En conclusión, la irresponsabilidad en el control de precios es un problema que requiere una respuesta coordinada y decidida por parte del gobierno, los comerciantes y la sociedad en general. Solo así se podrá garantizar un mercado más justo y equitativo para todos los dominicanos.