COLABORACIÓN

Por Óscar López Reyes

Los presidentes socialistas manos duras Kim Jung-Un (Corea del Norte), Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China) podrán tomar el trono de la República Dominicana y emprender la más recia cruzada contra la corrupción, y granjearán un cociente o fracción diferencial parcial, porque los códigos/leyes han sido diseñados con extensos órganos jurisdiccionales, revisiones cada tres meses después de medidas de coerción y sentencias condenatorias, para que políticos y potentados imputados de delitos penales puedan escapar en uno de esos tramos. Palmariamente confirma esta apreciación la extraviada figura jurídica de que merecen la libertad porque tienen arraigo económico, pero los depauperados no.

La iniciativa del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona de crear la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), para coordinar las estrategias de prevención, transparencia, auditoría y recuperación de activos ilícitamente obtenidos, apuntala como un relanzamiento en la contienda contra ese monstruo con profundas raíces en el sistema jurídico dominicano, que no cambia con un decreto. Prioriza, con ese jalón, la faceta precautoria/cautelar para proteger los recursos públicos de sujetos que merodean, disfrazados de mansos corderitos, en partidos políticos de todos los pelajes, oficinas gubernamentales, el Congreso, empresas privadas, los cuerpos castrenses y en grupos comunitarios y populares.

Detona en la inusualidad efectuar más de 100 auditorías en instituciones gubernamentales en tiempo récord y colgarlas en la página Web de la Contraloría, para que tanto los ciudadanos como la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca) conozcan y accionen ante hallazgos de irregularidades financieros-administrativas. Y alecciona el haber desvinculado y solicitado la renuncia a funcionarios estatales por sospechas legítimas, y colocar en el yugo de esa justicia vulnerable- acompañado de denuncias públicas- a unos 150 políticos, empresarios y militares.

Sin titubeos se asienta como una hazaña histórica la recuperación por la Procuraduría General de la República de más de 3,200 millones de pesos provenientes de la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos, los cuales están reservados para proyectos sociales y subastas públicas. Esta incautación jamás ha registrado precedentes.

Un amplio segmento de la población valora como éxito en la brega contra el envilecimiento en el tren administrativo sólo el mantenimiento en presión de los acusados de actos ilícitos. Enflaquece que el Código Procesal Penal fija como regla cardinal otorgar la libertad pura y simple, acogiendo el resonante principio de la presunción de inocencia, y los diestros defensores técnicos juegan e impresionan a jueces apologistas del garantismo o ultralegalismo, temerosos, misericordiosos por su carencia de carácter, venales por herencia casera/comunitaria e influenciables por el relacionismo.

Estos magistrados con togas torcidas -que estimamos representan el 25% de la matrícula de la judicatura- se dejan chantajear con las denuncias del síndrome de la prisión preventiva, dizque porque abarrota las cárceles dominicanas, y en esa irresponsabilidad optan por quitarle la fechoría de encima, o por una ligera medida de coerción. Una población grande entiende que prevalece la impunidad penas cuando está ausente la prisión preventiva y provisional.

El encierro carcelario es una de las siete medidas de coerción establecidas en el artículo 226 del Código Procel Penal, pero van directamente a las ergástulas, por lo general, los desheredados de la fortuna, los indigentes o menesterosos, que duermen en el piso o en sacos colgando de paredes (hombres arañas), o pululan sin sitios no fijos. A los escasos políticos malandros, pudientes infractores y narcotraficantes les preparan jaulas de oro: aires acondicionados, neveras, estufas con cocineros, wiskis, televisores, computadoras con internet y visitas conyugales especiales, lo que revela que no cumplen ningún castigo.

Las otras seis medidas de coerción son benignas. A los incriminados que presentan solvencia económica los jueces los dejan sueltos por una garantía económica, una prohibición para salir del país, bajo la vigilancia de otra persona, presentación periódica ante el juez, la colocación de localizadores electrónicos y el arresto domiciliado que, en la práctica, no implica la consumación de ninguna pena.

Conseguir una condena definitiva conlleva una travesía larga en el tiempo -entre cuatro y ocho años- por los aplazamientos continuos, la inercia de fiscales, que provoca que víctimas abandonen el proceso, cansados de asistir a decenas de audiencias ante las jurisdicciones de Atención Permanente del Juzgado de Instrucción, en el Juicio de la Prueba, en el Tribunal de Primera Instancia o Colegiado, en la Corte de Apelación y en la Suprema Corte de Justicia, que con frecuencia ordena nuevos juicios. En estas instancias se pueden interponer recursos de hábeas corpus, de revisión cada tres meses, de casación, de revisión constitucional, revisión penal, recusación a jueces y artimañas de demora procesal, que es lo mismo que denegación de justicia.

Pero, falta más. Después de haber cumplido la mitad de la pena de una condena definitiva, cada tres meses el reo tiene el derecho de solicitar la libertad condicional ante el Juez de Ejecución Penal, alegando tener un buen comportamiento y señalando que se aprendió pasajes bíblicos. En este periplo por todas las jurisdicciones tiene más de 30 oportunidades de salir en libertad, favorecidos además por un 35 por ciento de fiscales venales en el montículo de su desidia, la falta de recursos para investigar, los vicios y mañas ancestrales o incentivados por los bajos salarios y las precarias condiciones socio-laborales.

Los tribunales dominicanos no se asemejan, ni en sueño, a una capilla en la cual se despojan de sus maleficios obispos, sacerdotes, diáconos, sacristanes, monjas, seminaristas, misioneros, feligreses y pordioseros. Muy posiblemente sean la contraparte de los perros, que padecen de muchas pesadillas, ronronean y mueven los ojos con rapidez en sus cabezadas, sufren temblores y espasmos, e involuntariamente menean las extremidades inferiores.

El tostón precedente significa que nos abrigamos en un sistema judicial alto complejo, intersectorial y flexible, a la luz de un modelo que privilegia la impunidad. Este se fundamenta en el pensamiento liberal republicano, que ha sido construido alineado a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Su taxonomía de justicia penal penalista-positivista matiza en la tutela judicial efectiva y en el estado de derecho.

El sector conservador ha impuesto principios y normas jurídicas que facilitan la libertad individual y, en esa fosa, la impunidad que causa heridas profundas en el conglomerado nacional. En ese tenor se ha obstaculizado la aprobación de un nuevo Código Penal, que castigue ejemplarmente los actos de corrupción. Con el actual sistema judicial, Kim Jung-Un, Vladimir Putin y Xi Jinping como eventuales jefes del Estado dominicano serían adornos con rostros sin sonrisas, porque nl siquiera podrán ordenar fusilamientos.

Si en el sistema judicial no se produce una transformación política abismal y trascendente, que empiece por la Constitución, los imputados de los expedientes Odebrecht, Pulpo, Caracol, Coral, Coral 5G, Medusa, Calamar y otros que presumimos vendrán muy pronto, nos seguirán sacando la lengua, como becerras de dos caras.

Como lograr la susodicha transformación implica un proceso prolongado, con vociferaciones de todo género, especialmente de abogados desacreditados por sus actos gansteriles, la lógica indica que lo preferible, en el corto plazo, son las medidas preventivas. Y llama como un imperativo poner a andar y fortalecer la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), para seguir avanzando, a pasos más agigantados. La contienda ha sido firme en el epicentro de añejos obstáculos, pero jamás un fracaso.