Santo Domingo D.N.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acompañada por representantes de más de 170 familias despojadas de sus bienes e inmuebles, se presentó ante el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional para exigir el cumplimiento de un astreinte impuesto a los directivos del sindicato SICHOPROLA, actualmente transformado en la Compañía APTRA. La medida, establecida en 2013, ordena un pago de 10,000 pesos diarios debido a la gestión fraudulenta realizada durante el periodo 2009-2011.
Los activistas de derechos humanos, Rafael Ureña, vicepresidente nacional de la CNDH, Ramón Rosario, dirigente nacional, y Leonte Torres, demandaron que las autoridades judiciales ejecuten la sentencia, que ha acumulado más de 36 millones de pesos hasta la fecha.
La sentencia, que ya posee carácter de cosa juzgada, debería ser ejecutada de manera administrativa, según lo dispuesto por el tribunal.
A pesar de haberse realizado varias audiencias relacionadas con este caso, los representantes de las familias afectadas denunciaron la falta de acción por parte de las autoridades, lo que consideran una negación de justicia. Las familias reiteraron su solicitud de que se cumpla con la sentencia y se les haga justicia en este proceso.

