Por: Alex Domínguez
alexdminguez@gmail.com
Como redactor de este artículo, considero justo reconocer a los legisladores de la República Dominicana y, de manera especial, a los representantes de esta provincia de La Romana, que se involucraron directamente en el conocimiento y aprobación del nuevo Código Penal. Más que una reforma legal, este paso representa una señal clara de fortalecimiento institucional y de respeto a la Constitución dominicana.
En un Estado social y democrático de derecho, las sentencias no pueden ser tratadas como simples documentos de archivo ni como decisiones de exhibición. Mucho menos cuando se trata de fallos del Tribunal Constitucional, órgano llamado a proteger la supremacía de la Constitución y a garantizar que sus mandatos sean respetados por todos los poderes públicos y órganos del Estado.
Durante años, en la práctica dominicana, muchas decisiones judiciales han encontrado un obstáculo grave: el incumplimiento por parte de funcionarios, instituciones, ayuntamientos y autoridades administrativas. Esa realidad no solo perjudica a la persona favorecida por la sentencia. También afecta la seguridad jurídica, debilita la autoridad de los tribunales y erosiona la confianza en el sistema democrático.
Cuando una institución pública decide no ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional, el mensaje que envía es sumamente peligroso: que la Constitución puede ignorarse sin consecuencias. Y ahí es donde el Estado de derecho comienza a perder fuerza.
Por eso, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal marca un antes y un después. A partir de esa nueva etapa, el incumplimiento de decisiones judiciales dejará de verse únicamente como una falta ética, política o administrativa. También podrá generar consecuencias penales para quienes, desde una función pública o desde una institución, desacaten una decisión judicial.
Cabe destacar que el espíritu del legislador no fue simplemente añadir una sanción más al catálogo penal. El verdadero propósito fue fortalecer el cumplimiento de la Constitución dominicana y el respeto al Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Carta Magna. En otras palabras, el mensaje del legislador fue claro: las decisiones del máximo tribunal no pueden seguir siendo ignoradas como si su cumplimiento dependiera de la voluntad del funcionario de turno.
Esto obliga a revisar la conducta de muchas autoridades que durante años han actuado como si una sentencia pudiera engavetarse, retrasarse o incumplirse sin costo alguno. Ya no bastará el silencio administrativo. Ya no bastará esconderse detrás de trámites interminables. Ya no bastará la indiferencia burocrática ni la resistencia política. La omisión también compromete.
Cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional no es una cortesía frente al sistema judicial. No es una opción. No depende del interés político ni del ánimo del funcionario. Es un deber jurídico, constitucional y moral. Y con la nueva etapa penal, ese deber estará acompañado por un régimen de responsabilidad más severo.
La República Dominicana necesita cerrar la brecha entre lo que ordenan los tribunales y lo que realmente hacen las autoridades llamadas a obedecerlos. Sin ejecución, no hay justicia efectiva. Sin respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional, no hay verdadera supremacía constitucional. Y sin consecuencias frente al desacato, la institucionalidad pierde fuerza.
La conclusión debe ser firme: a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, todo funcionario o institución que incumpla una sentencia del Tribunal Constitucional tendrá consecuencias penales. Y eso debe entenderse no como una amenaza, sino como una señal de madurez democrática y de respeto al orden constitucional.
Si la Constitución es la norma suprema, sus sentencias también deben ser tratadas con la seriedad que merecen.
