1.- Tribunal impone prisión preventiva a mujer que raptó a recién nacida de Maternidad en Santiago
Santiago de los Caballeros, R.D.- En respuesta a la solicitud de la Fiscalía de Santiago, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva, como medida de coerción, contra la mujer que raptó a una recién nacida de la Maternidad Renée Klang de Guzmán en el Hospital Presidente Estrella Ureña.
La instancia de este órgano persecutor refiere que la imputada, Yanaire Cristina Puello Cabrera, sustrajo a la víctima recién nacida, luego de que tras ganar la confianza de la madre, aprovechó que la parturienta, en condiciones vulnerables, debido a su estado posparto, salió de su habitación.
En la audiencia de medida de coerción, ante el magistrado juez Julio Araújo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la fiscal representante del Ministerio Público, Martha González, presentó contra la imputada cargos por violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, a los artículos 345, 354 y 355 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, así como también por violación al artículo 403 de la Ley 136-03 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
A través del Departamento de Trata, que dirige el procurador fiscal Juan Osvaldo García, la Fiscalía de Santiago puso en marcha el protocolo de actuación, para localizar en el menor tiempo a la infante.
El análisis de los videos de las cámaras de vigilancia, desde el centro de salud y las periferias, aportó información para identificar a la imputada que se presentó a otro centro de salud donde pidió ser evaluada, alegando que había dado a luz a la recién nacida.
La profesional de la salud que evaluó a la imputada, comprobó que su estado no coincidía con el de una mujer recién parida y que además la referida supuesta paciente quería marcharse del referido centro de salud de forma repentina, al sentirse descubierta.
2.- Prisión preventiva contra dos peruanos vinculados a red de trata de personas con fines de explotación sexual
Punta Cana, Bávaro, La Altagracia, R.D.- El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de dos ciudadanos peruanos que formaban parte de una red de trata de personas con fines de explotación sexual y que se declarara el proceso de tramitación compleja.
La jueza Evelin Cabrera Ubiera, del Segundo Juzgado de la Instrucción en funciones de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, dictó la medida de coerción privativa de libertad en contra de los imputados Aaron Francisco Corzo Cabrera y Gean Markos Saavedra Regalado, ambos de nacionalidad peruana, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, de Higüey.
Por su vinculación a este caso también es procesada Maryorie Chani y/o Margyori Jaritza Chani Echevarría, también de nacionalidad peruana, quien recibió como medida de coerción una garantía económica de RD$20 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.
El proceso se trabajó bajo la coordinación y dirección de las titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata Personas (PETT), Yoanna Bejarán, y Mercedes Santana, de la Fiscalía de La Altagracia, conjuntamente con los fiscales Belkis Ulloa Uceta y Hendrich Ramírez De La Rosa.
Hasta el momento han sido identificadas al menos cinco víctimas.
El expediente relata que los imputados fueron arrestados luego de que el pasado 26 de septiembre agredieran física y verbalmente a la víctima DKNCC, igualmente de nacionalidad peruana, en un residencial que pertenece al complejo hotelero y turístico de Hard Rock, ubicado en Punta Cana, Bávaro, provincia La Altagracia.
Una vez apoderado el Ministerio Público de la investigación y ampliando la misma para determinar las circunstancias en la que se cometió el delito, y con base inicialmente en las declaraciones de la víctima DKNCC, se pudo determinar que los hechos cometidos por los imputados también envuelven a la nacional peruana Maryorie Chani y/o Margyori Jaritza Chani Echevarria, y que no solo implican la comisión de un hecho de maltrato o agresión hacia la víctima identificada, DKNCC, sino otras situaciones más complejas, toda vez que, de acuerdo a su denuncia y declaraciones, los hechos se constituyen en un hecho subsumible en el delito de trata de personas.
En atención a lo anterior y frente a la necesidad latente de poner bajo arresto a los señores Aaron Francisco Corzo Cabrera, Gean Marko Saavedra Regalado y Maryorie Chani y/o Margyori Jaritza Chani Echevarría, con base a los hechos denunciados de trata de personas, para evitar que los mismos se ausenten del lugar y puedan incluso salir del país, se ejecutó el pasado 27 de septiembre en su contra la orden de arresto marcada con el número 04185-2023.
Diversas diligencias de investigación han sido realizadas sobre el caso, cuyos resultados advierten que los imputados se constituyen en un grupo delictivo organizado que, desde principios de septiembre de 2023, se han estado dedicando en la República dominicana a la captación, traslado, transporte y acogida de víctimas de nacionalidad peruana y colombiana, a las cuales han estado explotando sexualmente. Dicho grupo delictivo estaba liderado por Aaron Francisco Corzo Cabrera.
En el proceso se ha establecido que la imputada Chani Echevarría fue la persona que facilitó la captación de la víctima DKNCC, aprovechando su situación de vulnerabilidad, y bajo engaño, diciéndole que en el país podría continuar con sus estudios y que ganaría mucho dinero.
El dinero que la víctima producía por los encuentros sexuales debía entregarlo a los imputados, quienes le retenían la totalidad del dinero obtenido, hasta tanto pagara la totalidad de la deuda impuesta por el supuesto pago de pasajes, que ascendía a US$3,500.00 dólares.
Corzo Cabrera también facilitó el traslado al país desde sus naciones de origen de otras víctimas, a quienes les compró y facilitó los boletos aéreos con los cuales arribaron a la República Dominicana, imponiéndole el pago de una deuda con el cobro excesivo en más de un 100% del costo de dichos boletos, llegando a consistir en valores de UD$1,800.00 y hasta US$3,500.00 dólares, que las victimas debían pagar.
Con base a dicha deuda los imputados retenían la totalidad del dinero que generaban las víctimas por los servicios sexuales que realizaban hasta tanto pagaran todo el importe de la deuda dispuesta por el imputado Corzo Cabrera, dejándolas sin ningún tipo de beneficio económico.
Después que arribaban al país, por el aeropuerto, las víctimas eran trasladadas hacia el lugar donde la estructura criminal les daba acogida (Residencial Cana Rock).
Corzo Cabrera se encargó de buscar y trasladar a la víctima LAMJ, en tanto que Saavedra Regalado buscó y trasladó desde el aeropuerto a la víctima JVVS, utilizando ambos, para tales fines, el vehículo Toyota Vitz, color gris, que les fue ocupado.
Los imputados tenían bajo total control y vigilancia a las víctimas, ya que vivían con ellas en los apartamentos que ellos tenían alquilados, lo cual les facilitaba la constante supervisión, vigilancia y restricción de movimiento y libertad de las extranjeras.
El caso ha recibido la calificación jurídica de trata de personas con fines de explotación sexual (agravado) para todos los implicados, tipificado y sancionado en los artículos: 1 (literales a y h), 3 y 7 (literales a, c y d) de la ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Además del referido vehículo, durante las pesquisas han sido ocupado dinero en pesos dominicano, dólares y euros, así como aparatos eléctricos y diferentes documentos.
3.- Prisión preventiva para 2 hombres implicados en abandono de 6 cuerpos de bebés sin vida frente al cementerio Cristo Salvador
Santo Domingo Este, R.D.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este lunes un mes de prisión preventiva en contra de dos hombres implicados en el abandono deshonroso de seis cuerpos sin vida de bebés recién nacidos (neonatos) frente a la puerta del cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este.
La medida de coerción fue impuesta por el juez Leomar Cruz Quezada en contra de los imputados Hilario Pascual y/o Eladio Pascual (zacateca) y Misael Encarnación Montero (chofer de funeraria).
El expediente instrumentado por el fiscal investigador Geivis Tapia relata que el pasado 4 de octubre en horas de la mañana fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que, alrededor de las 6:30 de la mañana de ese día, fueron encontrados dentro de una funda plástica los cuerpos sin vida de seis bebés recién nacidos (neonatos), procedentes del Hospital Ciudad Juan Bosch.
El Ministerio Público le asignó al caso la calificación jurídica provisional contenida en los artículos 265, 266 y 360 del Código Penal Dominicano, sobre profanación, el tratamiento inadecuado e indigno de los cadáveres y asociación de malhechores.
Los imputados cumplirán la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
4.- Esperan Juzgado de Instrucción Especial acoja solicitud de MP de enviar a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte
El procurador adjunto Pedro Amador destacó la solidez de las pruebas presentadas por el órgano persecutor contra la legisladora.
Santo Domingo, R.D.- El procurador adjunto Pedro Amador aseguró este lunes que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia acogerá en todas sus partes la solicitud presentada por el Ministerio Público y enviará a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte.
“Esperamos que el próximo lunes estemos aquí recibiendo el auto de apertura a juicio acogiendo todas y cada una de las pruebas que el Ministerio Público ha presentado”, expresó el procurador adjunto de la Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales al hablar con la prensa a su salida de la audiencia de este lunes.
Tras conocer los argumentos de ambas partes involucradas en el proceso, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, fijó el conocimiento del falló de esta instancia para el próximo lunes 16 del presente mes, a las 12:00 del mediodía.
Sobre el planteamiento de la defensa de Pilarte, quienes señalaron que el Ministerio Público estaba aportando elementos de pruebas que no son parte de la jurisdicción privilegiada en la que se conoce el proceso, Amador explicó que esta es parte de la labor del Ministerio Público cuando el imputado está vinculado a otros que son parte del delito o de la formulación de los cargos que se le está imputando.
“Se hace necesario y obliga al Ministerio Público, que en cada caso en donde una persona está imputada en relación a otros que no tienen el privilegio de jurisdicción, tener que brindarle al juzgador los hechos que vinculan de manera directa a esa persona, con todas las demás, sean vínculos familiares, comerciales, amistosos en todo el sentido, para de manera puntual cumplir con el dictamen de la Ley y hacer una formulación precisa de cargos, de eso es de lo que se trata, y el Ministerio Público ha cumplido con ese detalle”.
El procurador adjunto precisó que el órgano persecutor del delito respondió de manera puntual la pertinencia de cada una de las pruebas presentadas en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Amador, quien representó en la audiencia al Ministerio Público junto al procurador adjunto Fernando Quezada y al procurador general de Corte de Apelación Pelagio Alcántara Sánchez, destacó la labor del órgano persecutor en la recolección de las pruebas presentadas ante el tribunal en esta imputación.
“Las pruebas fueron elaboradas basándonos en el principio de legalidad, pertinencia, sentido de pertenencia, utilidad y relevancia”, afirmó Amador.
A principios de este mes de agosto Pilarte fue acusada formalmente por el Ministerio Público ante la Suprema Corte Justicia, luego de que fuera identificada como integrante de la red qué encabeza Pablo Antonio Martinez Javier, prófugo declarado en rebeldía y su esposo Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López.
Según ha establecido el Ministerio Público en el proceso, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de RD$4,451 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabezaba su pareja y no ha podido justificar la integración de esa cantidad de dinero a la economía dominicana.
5.- Corte de Apelación rechaza recurso y ratifica prisión a imputados Operación Discovery 2.0
Santiago de los Caballeros, R.D.- Atendiendo a la gravedad de los hechos imputados y al inminente peligro de fuga, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esta jurisdicción ratificó la prisión preventiva que, como medida de coerción, le fue impuesta a tres de los imputados en la Operación Discovery 2.0.
El juez que presidió la audiencia valoró la solidez y contundencia de las pruebas y de la investigación de la Fiscalía de Santiago en el caso que involucra a Juan Rafael Parra Arias, Leslie Agnes Succart González y Erick Ángel Peña Núñez, cuyo recurso les fue rechazado en razón de que no aporta garantías a la continuidad del caso y en tanto que existe un imperioso peligro de que se sustraigan del proceso.
Los fiscales José Armando Vidal y Warlyn Alberto Tavárez Reyes, representando al Ministerio Público, expusieron la importancia de mantener y confirmar la medida de coerción que en una primera etapa ordenó contra los procesados la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, consistente en prisión preventiva durante 12 meses.
La corte resaltó la fortaleza de las imputaciones que pesan sobre los apelantes, quienes integran, junto a otros 22 imputados, una poderosa estructura delictiva que, por medios ilícitos, defraudó con millones de dólares a víctimas en Estados Unidos a los cuales estafaban utilizando medios electrónicos, en una sofisticada operatividad que funcionaba desde centros de contacto o Call Centers clandestinos, ubicados en distintas demarcaciones.
Las maniobras engañosas de los imputados apelantes, la intimidación y usurpación de identidad fueron descubiertas tras más de un año de investigación, análisis de evidencias, vigilancia e inteligencia, en medio de una operación del Ministerio Público que integró, además, a la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
