Redacción Quevedo Informativo.- La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana reprogramó para el próximo 18 de febrero la audiencia para conocer la medida de coerción contra Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, principales implicadas en el Caso Guepardo, un entramado criminal de estafa inmobiliaria y lavado de activos que afectó a más de 120 víctimas, tanto dominicanas como extranjeras.
Inicialmente, la audiencia estaba pautada para este lunes 10 de febrero, sin embargo, debido a circunstancias procesales, fue aplazada a solicitud del Ministerio Público, que está solicitando 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Red de estafa y lavado de activos
Según las investigaciones de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, Marisol Nova Nolasco, actual socia de Novasco Real Estate SRL, habría simulado ser una desarrolladora de proyectos inmobiliarios para atraer inversionistas y compradores.
Por su parte, Rocío del Alba Rodríguez de Moya supuestamente se encargó de la promoción de los proyectos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences, que, de acuerdo con las autoridades, nunca existieron. Para generar credibilidad, habría utilizado la plataforma de la reconocida multinacional RE/MAX, facilitando la captación de clientes.
Millonarias sumas y prófugos
Un informe financiero preliminar de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo reveló que la organización criminal movilizó más de US$18,851,583.12 producto de la estafa.
Las autoridades han activado la búsqueda y captura de Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes se encuentran prófugos tras ser señalados como parte de la red delictiva.
Operativos y decomisos
El pasado 7 de febrero de 2025, el Ministerio Público ejecutó 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante los operativos, se confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentos clave, que han permitido fortalecer la acusación contra los implicados.
El Ministerio Público reafirma su compromiso con la persecución del delito y espera que en la audiencia del 18 de febrero se imponga la medida de coerción solicitada contra las imputadas.

