La Romana, R.D.- Cruz Johanna Batista Solimán, la Presidente del Concejo Municipal de La Romana reveló que convocará para el próximo martes 14 a las 10:00 a.m. al Concejo Municipal en sesión ordinaria y precisó que si habría de modificar la agenda del día, así se ejecutaría, al momento de adelantar que «No está para suspender a nadie» en alusión a la actual crisis que contempla al Ejecutivo Municipal tras una sentencia condenatoria en su contra.
La edil, quien estuvo acompañada del diputado Pedro Botello y al dirigente reformista Frank Martínez junto a los regidores de esa organización Manuel Castro, Israel Gerónimo Shephard y Damaris cruz Paula, había anunciado en el fin de semana, vía un escueto audiovosual, que celebraría una rueda de prensa este lunes en horas matutinas desde la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de La Romana, par fijar su posición en torno a la situación que implica al actual Ejecutivo Municipal, quien fue sentenciado al pago de RD$4 millones de pesos por daños contra el escultor Luis Castillo y dos años de prisión.
El pasado 23 de febrero, 2023, se filtró en redes sociales y eventualmente en medios nacionales, copias de la citada sentencia en un extenso documento fechado el 28 de diciembre de 2022, de 49 páginas en formato de documentos portátiles o PDF (Portable Document Format) por sus siglas en inglés, que a modo de resumen, detalla en sus páginas finales una cronología del caso iniciado en 2018 en donde se acordó la ejecución de figuras deportivas alusivas a reconocidos béisbolistas y que adornarían la parte céntrica del parque Juan Pablo Duarte de la provincia La Romana. Las estatuas fueron realizadas, entregadas, pero nunca pagadas, según el querellante Luis Castillo, quien presentó formal demanda en contra del Alcalde por el citado tema.
En ese año, un tribunal de La Romana condenó al Ejecutivo Municipal a dos años de prisión y al pago de RD$4 millones de pesos por daños contra el escultor Luis Castillo. Eventualmente la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, confirmó en marzo del 2022, la sentencia condenatoria. El 28 de diciembre de 2022, la Suprema Corte de Justicia, confirmó que el alcalde de La Romana debe pagar los mencionados RD$4 millones de pesos y cumplir dos años de prisión.
Para que se realice lo antes expuesto, un Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, es quien debe proceder sobre el particular. En ese contexto, se prevé que en consecuencia, el Concejo de Regidores del Cabildo de La Romana, procederían a suspender al alcalde condenado conforme lo establecido en esos casos en el artículo 44 de la ley 176-07 que norma la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional.
¿Qué dice exactamente el documento de la Suprema Corte de Justicia?
«Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, falla:
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Antonio Adames Bautista contra la sentencia penal número 334-2022-SSEN-00115 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 11 de marzo de 2022, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia, en consecuencia confirma dicha decisión.
Segundo: Condena al recurrente Juan Antonio Adames Bautista al pago de las costas del proceso.
Tercero: Encomienda al Secretario General de esta Suprema Corte de Justicia, notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís«.
El documento fue firmado por Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández y María G. Garabito Ramírez y certificado por César José García Lucas, Secretario General de la Suprema Corte de Justicia.
¿Qué dice el artículo 44 de la ley 176-07 que regula y organiza las funciones y recursos de los ayuntamientos?
El artículo #44 de la Ley 176-07 habla sobre la Suspensión de los Síndico(a)s, Vicesíndico(a)s, Regidores o Regidoras y detalla que:
«Procede la suspensión en sus funciones de los síndico(a)s, vicesíndico(a)s, regidores o regidoras, desde el mismo momento en el que:
A.- Se dicten en su contra medida de coerción que conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad.
B.– Se inicie el juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad.
Párrafo 1: Corresponde al Concejo Municipal conocer sobre la suspensión en sus funciones del síndico(a) y regidores/as, así como disponer su reincorporación al cargo.
Párrafo 2: Mientras permanezcan en la situación de suspensión de funciones, los afectados no percibirán las retribuciones y viáticos establecidos. En caso de ser absueltos, tendrán derecho al reintegro de los mismos».
El caso ha generado reacciones a varios órdenes ya que el pasado jueves 2 del presente mes, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), emitió un documento y vídeo solicitando al Concejo Municipal de La Romana, la suspensión inmediata del alcalde de La Romana por lo más arriba expuesto y precisó además que había notificado al Juez de Ejecución de la Pena de la Región Este, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. SCJ-SS-221606, mediante acto No. 46-2023, del ministerial Francisco Antonio Cabral Picel, de fecha dos (02) de marzo del año 2023, que confirma la mencionada condena.
Dos días después, el tema era nuevamente noticia a nivel nacional, ésta vez vía un especial producido por el equipo de N Digital para el espacio tellevisivo de Nuria Piera, titulado «Alcaldes: ¿Crónica de sentencias sin ejecutar?», el cual de manera paralela, cita otro caso similar en la provincia de Barahora.
En ese orden, el bloque del Partido Reformista Social Cristiano tilda la situación de «persecusión política» y en esos términos la presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de La Romana, hizo referencia en su alocución dejando entrever que «no está para meterle los pies a uno del Partido Reformista«.
Vea el audiovisual:

