Santo Domingo, R.D.- Otro giro sorpresivo emanado de la llamada «Operación Calamar» resultó en el arresto del reconocido abogado, político, economista, escritor y catedrático, Ángel Lockward.
Su presencia fue requerida por las autoridades del Ministerio Público y a su llegada a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, fue entrevistado por Yeni Berenice Reynoso y eventualmente quedó bajo arresto.
Al ser abordado por la prensa, Lockward, quien no se encontraba en su residencia una vez ejecutados los múltiples allanamientos, expresó que tenía entendido que el Ministerio Público tenía intención en conocer sobre algunos vehículos que se hicieron por concepto de expropiación.
En ese tenor en noviembre de 2022, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó que «Hemos estado conociendo una multiplicidad de acciones incoadas en este Tribunal Superior Administrativo por el investigado Ángel Lockward con el interés de intimidar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como los miembros de la Unidad Antifraude y al propio contralor de la Contraloría General de la República en acciones dirigidas a retrasar la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público con el tema de las expropiaciones de terrenos».
El pasado viernes 17 de este mes, entiéndase 48 horas atrás, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) que el órgano acusador sea admitido como interviniente forzoso y que el tribunal declare su incompetencia para conocer el proceso de demanda en nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones presentada por el abogado Ángel Lockward.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la fiscal Rosa Alba García, representaron al Ministerio Público en la audiencia donde la institución persecutora del crimen hizo la petición al órgano administrativo.
Los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, presidida por Antonio Mejía Sánchez e integrada por Ismael Ramírez y Cecilia Badí, dejaron en estado de fallo el recurso contencioso administrativo sometido por Lockward.
En el proceso el Ministerio Público ha señalado que han sido infructuosas las estrategias de la defensa del abogado por debilitar la investigación en su contra, hecho que se evidencia en su empeño por llevar al Tribunal Superior Administrativo elementos que se deben conocer en la jurisdicción penal.
El Ministerio Público sostiene que el informe recibido desde la Unidad Antifraudes de la Contraloría General de la República cumplió con el proceso requerido y el Ministerio Público ha actuado conforme a su competencia, haciendo uso del documento en la sede penal, que es donde no quiere ir la parte demandante a discutir la validez de ese documento.
El informe rendido por la Unidad Antifraude de Contraloría General de la República en septiembre del 2021, establece que los investigados estafaron al Estado con más de RD$17 mil millones de pesos a través de expropiación de compra-venta de terrenos.
En su alocución ante la prensa, Lockward además adujo que «Yo no he lavado activo y el dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido delito que tenga un requerimiento previo para lavado de activo. Yo no le di dinero al Penco (Gonzalo Castillo) para que vayamos estando claros, ustedes saben que yo me opuse al PLD durante ocho años, y apoyé al presidente Abinader, de manera que si a alguien le di de mi dinero limpio, fue al presidente Abinader”.
