Aplazan conocimiento de medida de coerción contra conductor de camión impactó bús escolar causando la muerte de dos menores de edad en Hato Mayor del Rey
En el choque también resultaron heridas otras 12 personas
Hato Mayor del Rey, R.D.- El Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial aplazó para el próximo lunes 5 del presente mes, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del conductor de un camión, quien, al conducir de manera temeraria, chocó un autobús de transporte escolar y causando la muerte a dos niños menores de edad y heridas a otras 12 personas, entre ellas otros infantes y el conductor del vehículo escolar.
El tribunal tomó la decisión de aplazar la audiencia de este jueves atendiendo al pedimento de las defensas, quienes solicitaron tiempo para tomar conocimiento del expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público en contra de Ismael Daniel Matos Hernández.
Los hechos que se le imputan a Matos Hernández ocurrieron el pasado 30 de mayo, cuando siendo aproximadamente las 6:51 de la mañana, en la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, próximo el kilómetro 10, el imputado conducía a alta velocidad y de manera temeraria un vehículo de tipo carga, marca Freightliner, año 2005, de color blanco, placa L420597, chasis JFUJA6CK15LV1563, propiedad de la empresa Transporte HC SRL y al realizar un giro amplio, en plena curva, impactó el vehículo de transporte escolar, marca Hyundai, color blanco, el cual se encontraba recogiendo a los estudiantes de los diferentes centros educativos de la zona.
Debido al impacto recibido por el autobús escolar, perdió la vida en el lugar, la adolescente de iniciales CC y posteriormente la también adolescente de iniciales EC, quien falleció mientras recibía atenciones en el Hospital Doctor Antonio Musa, de San Pedro de Macorís.
El chofer del autobús, José Benerito Rosario, se encuentra en estado delicado en el Hospital Ney Arias Lora, de Santo Domingo.
Otros 11 niños, que eran transportados en el vehículo escolar, resultaron con traumas, abrasiones y fracturas, debido al impacto que recibió el autobús que los llevaba a sus centros educativos.
Al causar el mortal choque, Matos Hernández emprendió la huida y no prestó auxilio a las víctimas, siendo arrestado, de manera flagrante y tras una ardua persecución, alrededor de los 11:50 de esa misma mañana, a la altura del kilómetro 15 de la carretera de Hato Mayor-Sabana de la Mar.
Además de conducir de manera imprudente y temeraria, el imputado se desplazaba en el vehículo sin estar provisto de un seguro.
A las acciones cometidas por el encartado, el Ministerio Público le ha otorgado la calificación jurídica provisional para el tipo penal agravado de homicidio culposo, golpes y heridas ocasionados con vehículo de motor en los artículos 217, 220, 221, 235, 246, 248, 250, 252, 254, 268, 287, 299, 302, 303-1, 2, 3, 4 y 5, 304-2, 6 y 7, de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano, de las dos víctimas mortales y los demás que resultaron heridos en el choque.
Ante la gravedad del hecho y el comportamiento mismo de imputado, quien abandonó a las víctimas tras impactar el transporte escolar, el Ministerio Público solicitará al tribunal la imposición de tres meses de prisión preventiva como medida de coerción y la incautación del vehículo que conducía Matos Hernández.
Procuradora Miriam Germán Brito y presidente DNCD José Manuel Cabrera encabezan incineración de otro cargamento superior a 1,450 kilogramos de drogas
Las autoridades destacan combate al narcotráfico y transparencia del proceso de incineración de las drogas que fueron ocupadas en las operaciones que se ejecutan contra esa actividad criminal en todo el país
Santo Domingo, R.D.- En un acto encabezado por la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, fue incinerado este jueves otro cargamento de más de 1,450 kilogramos de drogas, incluyendo más de mil trescientos kilogramos de cocaína, ocupada en operaciones contra el tráfico de drogas ejecutadas en Santo Domingo y San Pedro de Macorís.
La incineración se llevó a cabo como cada jueves en el recinto del Ejército de República Dominicana, en el municipio Pedro Brand, y contó con la participación del embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier; el general de brigada de la Policía Nacional, Nelson Antonio Santos, director de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Drogas (CND); el mayor general Carlos Antonio Fernández, comandante general del Ejército de República Dominicana (ERD), y Luis Manuel Tolentino, director jurídico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Tras la incineración de las drogas, la magistrada Germán Brito destacó: “que es un golpe al negocio ilícito de las drogas narcóticas que tantos problemas de salud y de otra índole le causan sobre todo a la juventud”.
De su lado, el vicealmirante Cabrera Ulloa destacó que se trata de una actividad que se realiza cada semana para que la ciudadanía tenga conocimiento de qué ocurre con las drogas que se ocupan a nivel nacional, al tiempo que destacó la transparencia con que se manejan en el proceso tanto la Procuraduría General de la República como la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Gobierno en sentido general.
“Esta es una actividad que se hace semanalmente, pero cuando se va a incinerar una cantidad considerable, en virtud de que estamos en compañía del embajador de Francia, y de la transparencia que caracteriza tanto a la Procuraduría General de la República como a la Dirección Nacional de Control de Drogas y al Gobierno en sentido general, esta actividad se hace para que la ciudadanía sepa qué ocurre cada semana con las drogas que se decomisan a nivel nacional en la República Dominicana. Ustedes pueden ver que eso se hace de manera transparente para que no haya lugar a dudas”, dijo el presidente de la DNCD a los presentes en la actividad.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hizo constar en un informe que en total fueron quemados 1,451.902 kilogramos de distintos narcóticos y 1.438 kilogramos de otras sustancias en cuyos análisis se determinó que no correspondían a drogas.
Respecto a las sustancias narcóticas, el Inacif detalla en el informe que fueron quemados 1,301.331 kilogramos de cocaína, que equivalen al 89.63%, y de marihuana 149.705 kilogramos, con 10.31%.
También, de crack 830 gramos, para un 0.0571%; éxtasis 13 gramos, para un 0.0009%; de metanfetamina y de hachís 10 gramos cada una, que representan el 0.0007%, y de fendimetrazina 4 gramos, que alcanzaron un 0.00026%.
Las ocupaciones de ambas sustancias, que formaban parte de un total de 727 casos, estuvo a cargo de miembros del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como de otros órganos del sistema a cargo del combate del narcotráfico.
Las operaciones donde fueron ocupadas se llevaron a cabo además de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, en el Distrito Nacional, así como en las provincias Pedernales, San Cristóbal, La Vega, Espaillat, Santiago, La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez y Barahona. Además, en Peravia, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Puerto Plata, Duarte, Dajabón, Valverde, Elías Piña, Hermanas Mirabal, El Seibo, Santiago Rodríguez, La Romana, Monte Plata y Bahoruco.
Las autoridades destacaron que en total han sido quemados en lo que va de año un total de 11,167.346 kilogramos de distintas sustancias narcóticas como parte de las estrategias contra el narcotráfico.
Corte mantiene en prisión a exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, implicados en corrupción en Operación Calamar
Wilson Camacho destaca que con decisión el tribunal manda el mensaje de que la prisión preventiva no debe ser reservada solo para las personas pobres, sino, también, para personas envueltas en casos de la gravedad que implica la Operación Calamar
Santo Domingo, R.D.- A solicitud del Ministerio Público, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió la madrugada de este viernes mantener la prisión preventiva a los exministros de Hacienda y administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, quienes son procesados por su vinculación al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Calamar.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la decisión del alto tribunal, que decidió acoger la solicitud del Ministerio Público.
“La corte de apelación del Distrito Nacional, en este caso, la Segunda Sala, ha decidido mantener la medida de coerción consistente en prisión preventiva con relación a los imputados Donald Guerrero y José Ramón Peralta, considerando la corte, que esta es la medida idónea y proporcional, dada las circunstancias del caso, y en consecuencia confirmando la decisión de primer grado”, dijo a la prensa a la salida de la corte, que funciona en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional.
“Ahora cuatro jueces se han referido a esta medida de coerción y han entendido necesaria la imposición de la medida de coerción. Con esto, esta sala de la corte manda el mensaje de que la prisión preventiva no debe ser reservada solo para las personas pobres, sino, que personas de esta naturaleza, envueltas en casos de la gravedad que implica la Operación Calamar, deben tener como medida de coerción la prisión preventiva para asegurar la realización del proceso y que no se vaya a seguir afectando la investigación como en el caso, que demostramos, que esta investigación fue infiltrada por parte de los imputados”, sostuvo el titular de la Pepca.
El tribunal de alzada acogió la petición del Ministerio Público, representado por los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, y los fiscales Rosa Alba García, Elvira Rodríguez, Miguel Collado y Melbin Romero.
Los jueces Isis Muñiz (presidenta), Rosalba Garib y Luis Jiménez, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, iniciaron la audiencia pasadas las 3:00 de la tarde del jueves, solo con la presencia de las partes, y, pasadas las 3:00 de la madrugada del viernes 2 de junio, decidió mantener en prisión preventiva a los imputados, tras rechazar los recursos de apelación interpuestos por sus respectivas defensas para que se le variara la prisión preventiva que le fue impuesta por su vinculación la red de corrupción administrativa.
Los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, principales imputados de la Operación Calamar, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, la cual le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril por su vinculación a la red de corrupción administrativa.
El pasado 17 de mayo el tribunal aplazó la audiencia para ayer jueves porque en la corte de apelación notificaron los recursos con poco tiempo de la misma.
El expediente de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Tribunal sanciona con 6 años de privación de libertad a adolescente implicada en muerte de Frederick Pérez Ventura en Los Alcarrizos
Santo Domingo Este, R.D.- El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia Santo Domingo sancionó con seis años de privación de libertad a una menor de edad por su participación en la muerte de Frederick Alberto Pérez Ventura, ocurrida en Los Alcarrizos en julio del año del pasado año.
La sanción le fue impuesta a la menor de edad, de quien se omite el nombre por razones legales, por la jueza Berenice Núñez, quien indicó que la misma deberá ser cumplida en el Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de Villa Consuelo
El fiscal Williams Viloria mostró ante el tribunal como la adolescente fue parte integral y activa del plan que ejecutó junto a cuatro hombres, mismo que concluyó con el homicidio de la víctima.
Las acciones por la cual fue condenada la menor de edad, se produjeron el 16 de julio del año 2022, cuando el joven Frederick Alberto Pérez Ventura coordinó una cita a través de una red social con el imputado Argenis Nerlis Morillo de los Santos.
Ambos quedaron de encontrarse en el apartamento 302, edificio 6, manzana H, residencial Pablo Mella Morales.
La instancia precisa que a la 1:30 de la tarde, Pérez Ventura llegó al lugar acordado, donde Morillo de los Santos lo recibió y le brindó un café para que entrara en confianza. Luego, Jeremy de Jesús Rodríguez Evangelista, Cristofer Arredondo y Reinaldo Antonio García salieron de una habitación con armas blancas.
Posteriormente, los imputados acorralaron a la víctima, lo amenazaron y le dieron a oler una sustancia para tranquilizarlo y así despojarlo de sus pertenencias.
A Frederick Alberto Pérez Ventura lo amordazaron en una habitación y estuvo custodiado por Rodríguez Evangelista, mientras que Morillo de los Santos salió del lugar en compañía de la menor de edad para retirar dinero de las tarjetas bancarias del hoy occiso.
Los hallazgos presentados por el Ministerio Público demuestran que fue el domingo 17 de ese mes cuando los acusados trasladaron al joven del apartamento a un basurero ubicado en La Guáyiga, kilómetro 22 de la Autopista Duarte, lugar donde lo ultimaron de varias puñaladas.
Luego del hecho, los imputados intercambiaron por ropa un celular que era propiedad de la víctima e intentaron vender su vehículo en Maimón, provincia Monseñor Nouel, hecho que no pudieron llevar a cabo porque el automóvil no tenía combustible y se vieron en la obligación de dejarlo abandonado.
La conducta de este grupo ha recibido la calificación jurídica de asociación de malhechores, asesinato, actos de tortura, robo y porte de ilegal de armas, que constituyen violaciones a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 379 y 382 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
MP logra condena de 30 años para hombre atentó contra la vida de cinco personas al armar una balacera en Santiago
Santiago de los Caballeros, R.D.- Atendiendo a la solicitud de la Fiscalía de Santiago, el Segundo Tribunal Colegiado de este distrito judicial condenó a 30 años de reclusión mayor a un hombre por tentativa de homicidio agravado en contra de cinco personas, incluyendo un menor de edad, cuando protagonizó una balacera en el distrito municipal La Canela.
Los hechos atribuidos al condenado, Modesto Pérez Alcántara, establecen que el procesado, tras una discusión con la víctima, Wilson Rodríguez Rodríguez, se retiró del negocio donde compartían en el sector Capilla del distrito municipal La Canela, y más tarde regresó armado con una pistola Canik, calibre 9 milímetros, disparando contra el hombre en un evidente intento por quitarle la vida.
Este órgano acusador le atribuyó a Pérez Alcántara la violación a los artículos 2, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, por su accionar en los hechos ocurridos en marzo del año 2020.
Los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público, representado por las fiscales Luisa García y Danioska García, emitió la condena al establecer que, como sustentó la Fiscalía de Santiago, Pérez Alcántara cometió los hechos disfrutando de plena facultad mental, por cuanto estaba consciente de las consecuencias de sus actos, elementos probatorios que no pudieron ser refutados por la parte acusatoria.
Además de Rodríguez Rodríguez, entre las víctimas de Pérez Alcántara se encuentran Bielka Rafaela Rosa Domínguez, Jorge Antonio Rodríguez Rodríguez, Alexander Peralta Ortíz y el menor de 13 años de edad, identificado con las iniciales W.M.R.D.
El órgano de justicia mostró evidencias de las lesiones por heridas de arma de fuego que sufrieron todas las víctimas y la incapacidad médico-legal registrada en evaluaciones certificadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), como consecuencia de los actos del imputado.
El tribunal también ordenó el pago de una indemnización de $13 millones de pesos en favor de las víctimas querellantes.
