COLABORACIÓN

Por Elmer González Cavallo

La implementación de las estrategias proximidad ciudadana y objetivos inteligentes ha colocado a esta entidad en cada demarcación del territorio nacional, permitiendo reencauzar adecuadamente los vectores de esa institución y localizarla en el lugar que le corresponde en la sociedad.

En la proximidad del 23 aniversario de su introducción formal mediante la Ley No. 19-01, de fecha 1 de febrero del año 2001 y más allá de la historicidad que constituye a la figura del Defensor del Pueblo como entidad pública autónoma de rango constitucional, es tiempo de que el macroentorno social dominicano pueda entender la verdadera dimensión y el rol de importancia que esta institución representa en la garantía y salvaguarda de los derechos personales y colectivos de los ciudadanos ante transgresiones o incumplimientos que puedan hacer los poderes políticos del Estado.

El Defensor del Pueblo, conforma la alineación transversal de un amplio recipiente de desarrollo humano activo y un entorno vital para la nación dominicana; en ese orden es esencial estructurar desde la sociedad una mirada externa objetiva al conjunto de los componentes elementales y roles fundamentales de esta entidad.

Con 22 años de instaurada, es a partir de la nueva administración posesionada el 15 de junio del 2021, en que mayores expectativas se han creado sobre el rol protagónico que asume esta centralidad con jurisdicción en todo el territorio nacional sobre el proceso de fortalecimiento de la democracia dominicana.

En el último bienio, este órgano constitucional independiente, ha definido un principio de gestión vanguardista, así como la configuración de un estadio de madurez institucional enfocado a la calidad y proactividad, aspectos que han permitido configurar las vías del cumplimiento integral sobre la misión con que fue creada esta entidad, así como la acción efectiva de sus funciones.

Como un componente tangible, Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo de República Dominicana se posiciona, además, como presidente de la FIO (Federación Iberoamericana del Ombudsman) representando esto un perfil de connotación internacional de trascendencia y uno de los capítulos más relevantes de la historia de esta institución, constituyendo a esta centralidad como un alfil defensor para el Estado Social y Democrático de Derecho al que ha aspirado el país.
Una acción relevante auspiciada por la Defensoría del Pueblo es la implementación desde el 2022, del formato de “Diplomado internacional de Certificación de Gobernanza, Defensor del Pueblo y Buena Administración”.

El estímulo positivo de esta formación a través de la muestra de contenidos temáticos sobre historia, estrategias de desarrollo y género, nuevas competencias, ámbitos de actuación del Defensor del Pueblo, e interesantes casos de éxito regionales, generan sin duda, un conjunto de nuevas estructuras de pensamiento y valor social.

El conjunto de cátedras secuenciadas de esta especialización se desarrolla con reconocidas figuras de prestigio internacional con la autoridad de Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); Francisco Vírseda, Asesor del Defensor del Pueblo de España.

Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo de Bolivia; Blanca Izaguirre, Defensora del Pueblo de Honduras.; Ismael Rins, Defensor del Pueblo en Río Cuarto (Argentina).; Nashieli Ramírez, Defensora del Pueblo de Ciudad de México y Carmen Comas-Mata, secretaria técnica de la FIO, así como la intervención de Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo de España.

El staff docente local es liderado por el Defensor del Pueblo de República Dominicana; Harold Modesto, secretario general de la entidad y Tania de León, Especialista en Cumplimiento Gubernamental en República Dominicana.

Esta acción sustantiva configura un ejército nacional de “ombudspersons” o “Defensores del Pueblo”, con el conocimiento sobre los derechos constitucionales y fundamentales de la comunidad en el cumplimiento de los deberes de la Administración Pública y la prestación de los servicios públicos a la población por parte del Estado

Un gran desafío nacional será la instauración de una catedra sobre Defensor del Pueblo desde la edad temprana en la Educación Media y en las plataformas de la Educación Superior del país, aspectos que en la presente gestión se pudiesen consolidar.

Así también, la sinergia con los sectores que influyen en el organigrama nacional, logrando constituir una evolución favorable en esa institución, y una efectiva agenda en la protección y tutela de los derechos fundamentales en la patria de Duarte.

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El autor es Arquitecto, Urbanista e Investigador. Académico con un Doctorado © AP-PP. Tiene además un Máster en Educación Superior. Es también Especialista en Sistemas de Gestión Ambiental, Especialista de Sociología Territorial y Urbana, Consultor Profesional certificado,  Presidente Foro Urbano de Ciudades ALC. FC-ALC. Diplomado de Certificación de Gobernanza, Defensor del Pueblo y Buena Administración y Director Nacional en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, MICM de la República Dominicana.