Consiguen que un juez interino, desdiciendo a quien sustituía, ordene arrestarlo por una querella por libertad de expresión.
Redacción Quevedo Informativo.- El periodista español Miguel Ángel Ordóñez, premio Ortega y Gasset de Periodismo y que laboró hace años en la República Dominicana, ha presentado una queja ante el país y alertado a las autoridades europeas y españolas por lo que considera una decisión judicial “absolutamente arbitraria y abusiva que desdice de cualquier institucionalidad de un Estado de derecho homologable”.
Se refiere a una decisión de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que lo ha declarado en rebeldía a pesar de no haber sido citado correctamente en su domicilio en España para que responda a una querella interpuesta en su contra por los empresarios hispano-dominicanos Jesús Barderas y Abraham Hazoury, tras la publicación en ese país del libro de su autoría «Negocios de bajos vuelos».
En la obra se explican los intríngulis de la controversial concesión de los aeropuertos estatales a ambos empresarios, los orígenes de la privatización, los antecedentes de algunos involucrados, las claves de su intento de reeditar el lucrativo negocio de AERODOM con el polémico Aeropuerto Internacional de Bávaro, así como la reiterativa aparición de sus nombres en tramas de corrupción de España.
Aunque el libro fue publicado en 2021, en España, los empresarios esperaron un año y medio para presentar una querella en tribunales dominicanos contra Ordóñez, por presuntos delitos sobre expresión y difusión del pensamiento.
Pese a que Barderas y Hazoury conocían perfectamente su lugar de residencia en España, esperaron a que Ordóñez pasase unos días en Santo Domingo con motivo de impartir una conferencia sobre periodismo, en agosto de 2023, para notificarle dicha querella. De inmediato, antes de retornar a su lugar de residencia, designó representante legal en el país.
La jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, presidenta de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenó que Miguel Ángel Ordóñez fuera «regularmente convocado» en su domicilio en España, «que sea tramitada la convocatoria vía consulado» de cualquier audiencia.
Sin esperar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores llegase a entregar a Ordóñez su citación a una audiencia, el pasado 20 de febrero se celebró una vista, aunque con otro juez presidiendo, el interino Julián Antonio Vargas Luna.
“Contraviniendo las instrucciones de la jueza, la acusación privada se había encargado de fabricar otra notificación en domicilio desconocido, sin esperar a agotar la vía de la citación consular, mostrando de nuevo sus aviesas intenciones. El juez interino aprovechó esta maniobra de mala fe para declararme en estado de rebeldía, ordenar mi arresto e impedir mi salida de la República Dominicana en cuanto me persone en su territorio”.
Pese a que el Consulado dominicano en Sevilla ha certificado al tribunal que a Miguel Ángel Ordóñez nunca le llegó citación alguna, como contestación al recurso de oposición entablado por la defensa de Ordóñez, el juez «miente descaradamente» al afirmar que «funcionarios consulares competentes […] manifestaron haber localizado al imputado y haberle hecho llegar la convocatoria a la audiencia, sin que al día de la audiencia se presentara excusa alguna que justificara la incomparecencia».
El periodista explica que esta decisión le provoca «una gran desconfianza en la imparcialidad que debe caracterizar a cualquier tribunal de justicia». Señala que creía ya superada «la época de manipulación grosera de la justicia a manos de poderosos empresarios acostumbrados a la impunidad». Añade que «diversos ciudadanos dominicanos quisieron alertarme del riesgo que corría su integridad por facilitarme información y la mía por el atrevimiento de informar a la ciudadanía de las andanzas de mis hoy acusadores».
En la querella dominicana se pide una condena de cárcel y RD$800 millones. Un año antes, Hazoury y Barderas interpusieron ante la jurisdicción de España sendas demandas, absolutamente idénticas, en las que solicitan que Ordóñez sea condenado a pagarles un millón de euros a cada uno.
Añaden a los argumentos calcados de la querella dominicana la publicación de un segundo libro, «Cap Cana. Los osados aprendices de Donald Trump» (Ediciones Plan B, 2022), donde Ordóñez explica «el milagro de sobrevivir a una quiebra de setecientos cincuenta millones de dólares, haciendo que otros se hicieran cargo de esa descomunal deuda que había generado su gestión».
Barderas y Hazoury, en estas demandas presentadas en España, defienden que «son competentes los tribunales del lugar de dicha publicación de los dos libros, esto es MALAGA».
Ordóñez recuerda que, en «Cap Cana. Los osados aprendices de Donald Trump», recoge la denuncia del abogado de unos perjudicados estadounidenses en el fiasco del proyecto en que se usó el nombre de Donald Trump, Jorge Lora Castillo, de jueces «a sueldo».
En el mismo sentido, expone en su escrito de alerta a las autoridades europeas y españolas que financian programas de modernización de la justicia dominicana algunas manifestaciones del exsecretario de Turismo Víctor Cabral Amiama, expresidente ejecutivo de Cap Cana, en su libro «Historia de una infamia».
«Los Hazoury, la Justicia y yo» (2021), donde acusa a estos empresarios de haberle hecho «sufrir todo un calvario, gracias a “marionetas togadas”».
Ordóñez tiene la firme convicción de que no ha difamado a sus querellantes y que ambos libros están documentados. Esta es la primera vez que ha sido denunciado en los tribunales a lo largo de su carrera, que arrancó en 1995 en la República Dominicana, como redactor del semanario Rumbo, corresponsal de El País, responsable de los noticieros de Antena Latina 7, subdirector de Diario Libre y director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo.
«La intencionalidad de estas denuncias en mi contra es la de escarmentarme y amedrentar tanto a fuentes como a otros colegas que se planteen indagar sobre los métodos de ambos. Ahora pretenden someterme a la humillación de una detención y orquestar una condena sin base, en la República Dominicana, puesto que son conscientes de que cualquier tribunal imparcial me dará la razón».
Miguel Ángel Ordóñez considera que los dos empresarios tienen «una concepción norcoreana del periodismo. Solo les valen las informaciones laudatorias, que rimen con su prolija inversión publicitaria».
El comunicador español considera «ridículo» que Barderas y Hazoury le hayan demandado al considerar que no hubo ningún atisbo de irregularidad en la concesión de los aeropuertos estatales o el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro: «Es risible mantener que todo fue inmaculado. Ahí están los reiterados varapalos jurídicos que han anulado el AIB por sus groseras ilegalidades, o, por ejemplo, las aseveraciones del presidente Abinader de que el contrato de concesión a AERODOM no ha reportado ni un solo centavo de ingresos al Estado en estos veinticuatro años, pese al tremebundo enriquecimiento de ambos empresarios, que llegaron a vender la empresa concesionaria por mil millones de dólares (sin pagar ni un solo centavo de impuestos, ni por sacar ese dinero del país), en medio de una opacidad impropia de los asuntos públicos».
