COLABORACIÓN

Por Antonio Corcino

La falta de innovación y capacidad de los actores políticos y la Junta Central Electoral para reducir la creciente abstención electoral ha llevado a la controversia sobre el voto obligatorio.

Esta preocupación abre controversia, en ocasiones para mitigar, la vía fácil es crear una ley para obligar. República Dominicana aparentemente alarmado abre espacio para el debate.

El diputado Hamlet Melo de la Fuerza del Pueblo propone una ley de voto obligatorio en República Dominicana. Esta ley obligaría a todos los ciudadanos mayores de edad a participar en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.

La Junta Central Electoral (JCE) sería responsable de implementar los mecanismos necesarios, sancionar a los que no voten y asegurar la disponibilidad de centros de votación accesibles y programas de educación cívica.

El debate sobre la obligatoriedad del voto puede compararse con un péndulo en movimiento, tratando de balancear la participación ciudadana y la libertad individual.

Antes de presentar y aprobar esta propuesta legislativa es obligatorio evaluar sus consecuencias sociales.
Mediante este recurso o muestra de debilidad de los actores políticos dominicanos, derrotados, no poder aumentar la concurrencia electoral, por no utilizar medios ingeniosos para motivar a votar, por el contrario, procurar forzar mediante sanciones no necesariamente se obtiene mayor representación y legitimidad.

Además, esta pretensión de tratar de cerrarle el paso a la progresiva apatía política y de presionar una cultura de participación activa en los asuntos públicos y políticos del país acarrea efectos adversos, como los que atraviesan algunos países donde se practican.

El carácter de su forzosidad viene aparejado con impactos no deseados. En este caso, insistir con una ley de voto obligatorio es tratar de distanciar una mayor participación ciudadana y una democracia más robusta, es una forma de limitar la libertad individual.

El acto de ir a votar está asociado a su condición de libre y voluntario y, como deber cívico de responsabilidad democrática.

Sin embargo, forzar la participación plantea desafíos y críticas. Por ejemplo, al considerar todos sus aspectos, el hecho que sus secuelas no son automáticas, sino que son graduales. Ver como el descontento y la indiferencia se manifiestan con este experimento, el cual termina debilitando los valores de la democracia.

Tomar de referencia su comportamiento en aquellos países donde se han implementado, como los resultados mixtos que han cosechado, hoy, constituyen tema de discusión.

Tal es el caso de Australia, Bélgica, Argentina, Brasil y Perú, entre otros, dentro de los cuales experimentan altas tasas de participación electoral gracias a esta medida, aunque también muestran niveles de la efectividad de las sanciones como de la calidad del voto emitido.

De modo que, esta iniciativa legislativa es un despropósito. Buscar obligar sin medir sus resultados es una intransigencia. Coaccionar a los ciudadanos a votar podría generar descontento y resentimiento hacia el gobierno y el sistema electoral, especialmente entre aquellos que no desean participar en el proceso electoral.

Además, existe la preocupación de que los votos emitidos por ciudadanos desinformados puedan afectar la calidad de las elecciones y distorsionar los resultados. El voto obligatorio es un bumerán.

Su imprevisibilidad como su invariabilidad entre la participación ciudadana y el respeto a la libertad individual, o de algún modo evitar resentimientos y descontentos, es tarea copiosa para cualquier sociedad, sobre todo reducir la voluntad personal, la conformidad social y la efectividad del sufragio.

En última instancia, encontrar un equilibrio entre la participación activa y el respeto a la libertad individual es determinante para asegurar un sistema electoral inclusivo, representativo y beneficioso para todos los ciudadanos.