COLABORACIÓN

Por Antonio Corcino

La semana nos dejaron dos acontecimientos que son muestras que aclaran el camino y que podrían indicar la dirección del proyecto de reforma fiscal en la República Dominicana.

Sin ser definitivos, sin embargo, de alguna forma expresan una tendencia, compromiso y la de generalidad que entienden la necesidad de abordar el déficit fiscal del país de manera integral.

Al dar a conocer las conclusiones preliminares del Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de visitar el país. Su personal técnico elaboró su informe sobre la reforma fiscal.

Ellas destacan el aumento de los ingresos fiscales, reducir la evasión y mejorar la eficiencia del gasto. Estas medidas buscan holgura fiscal, destinar más recursos para beneficiar a la población más vulnerable mediante programas sociales y apoyar al desarrollo económico.

Otra señal la dio el Senado al aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta propuesta fue introducida por el presidente Luis Abinader. Una vez sea promulgada, limitará el crecimiento del gasto primario y alinearlo con la inflación más a un 3%, así como excluir los intereses de la deuda.

Esta norma es un intento de reducir el coeficiente de deuda del gobierno al 40% del PIB antes de 2035. Reafirma el compromiso de basar la gestión de las finanzas públicas de manera prudente para que pueda certificar la estabilidad económica.

De manera similar y recurrente, el ministro de Economía, Pável Isa Contreras, ha enfatizado la necesidad e importancia de la reforma fiscal para que sea saludable.

Por ejemplo, como el de aumentar el gasto en salud, especialmente en el primer nivel de atención, es un signo.

Como acto de buena voluntad que personifica está el hecho de que el Ministerio de Salud Pública haya recibido 145,276,983,678 pesos, un incremento del 5.4% respecto a 2023, equivalente al 2.0% del PIB.

En definitiva, a todos se les escucha reclamar como un imperativo social. Es común oír como posiciones la necesidad de una reforma fiscal integral. Ante un presupuesto de RD$1,619,676,766,963 para 2024 y un déficit proyectado del 3.3% del PIB. De modo similar, la urgencia de reducir la informalidad, la evasión y la elusión.

Como también, de responder al desafío y a los compromisos de pago de intereses, los cuales ponen en riesgo la estabilidad del sistema presupuestario dominicano.

Una política que hay que racionalizar, de manera sincera, abierta y democrática, replantear los ingresos y su inversión.

Asimismo, resaltan el cómo actualmente operan los incentivos y las exenciones fiscales, que representan alrededor del 5 % del PIB. Lo que alimenta el déficit al limitar los ingresos estatales.

A racionalizar mediante medidas, como son las de los subsidios no focalizados. Esta realidad presupuestaria descrita que deja poco margen de maniobra, demanda aumentar los ingresos y gestionar de mejor forma.

Ahora bien, la carga que lleva el gobierno de tener que disponer RD$99,193 millones en subsidios a las Empresas Distribuidoras de Electricidad, el transporte, la harina y los combustibles ya se ha convertido en una condición difícil de soportar.

El propósito de las subvenciones es mitigar los riesgos inflacionarios, sin embargo, no llegan directamente a las manos de los más vulnerables, lo que presionan el balance presupuestario.

Estas formas de auxiliar amenazan su sostenibilidad y, peor aún, al ser generalizada, terminan beneficiando a todos, como a los que no lo necesitan.

Este llamado generalizado de enfrentar esta distorsión. La respuesta ha sido proponer definir por medio de los registros sociales de hogares, distribuir el uso de tarjetas de subsidios y de criterios claros y sistemas de monitoreo, mejorar la focalización de las ayudas como forma de contener su prolongación.

Acciones verificables que aseguren que los recursos lleguen directamente a las personas que más lo necesitan.
Entonces el ambiente denota ajuste, llevando estabilidad al sistema presupuestario.

Esto implica combinar medidas mediante políticas fiscales como la eliminación de transferencias no focalizadas, obtener más recursos significativos e invertir razonablemente. Hay voluntad política.

Al sumar las recomendaciones del FMI y las señales del gobierno expresan el ánimo que reina en los actores en este trayecto del camino que nos lleva a una reforma fiscal, prevalece su urgencia y la necesidad.

Dicho de otra manera, para agregar certidumbre y confianza implica optimizar el gasto público y asegurar una distribución más equitativa de estos recursos. Mostrar señales más allá de expresiones que indican intenciones.

Exhibir la voluntad de estructurar el presupuesto para que sea equitativa, sostenible y eficiente, que manifieste su misión y visión para afianzar el futuro económico y social del país.