COLABORACIÓN
El debate en torno a la propuesta de elevar a Verón-Punta Cana a municipio. Con tensiones en el Congreso y críticas sobre sus implicaciones, ¿será esta medida una solución o un nuevo conflicto político y social?.
Por Antonio Corcino
El debate en torno a la propuesta de elevar a Verón-Punta Cana a municipio. Con tensiones en el Congreso y críticas sobre sus implicaciones, ¿será esta medida una solución o un nuevo conflicto político y social?
La propuesta del senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) para elevar a Verón-Punta Cana a municipio llega en un momento delicado. Mientras el país está inmerso en debates cruciales sobre la reforma constitucional y fiscal, esta iniciativa parece apresurada.
El contexto actual está marcado por tensiones y prioridades en el Congreso que podrían dejar de lado esta propuesta ante intereses más urgentes.
La oposición a la iniciativa ya es evidente, especialmente desde Higüey. A pesar de su impacto que significa para Verón-Punta Cana, la propuesta presentada genera conflicto político y social que divide opiniones.
Los empresarios, la sociedad civil y los partidos políticos juegan un papel crucial en este camino de ventilación o discusión, la cual será ampliamente cubierta por los medios de comunicación.
Es importante preguntarse: ¿por qué Verón-Punta Cana desea convertirse en municipio? ¿Resolverá automáticamente los problemas sociales de sus residentes y visitantes? Sin un plan concreto, la sola elevación a municipio no garantizará mejoras significativas.
El historial de arrabalización, deficiencia en los servicios y problemas de tránsito y transporte terrestre sugiere que se necesita una estrategia mejor estructurada.
Para que la propuesta sea efectiva, es necesario que esté claramente fundamentada. La redacción debe ser comprensible y detallada para que los legisladores puedan debatirla y aprobarla sin ambigüedades.
Se debe explicar con precisión qué problemas se buscan resolver y cuáles son los fundamentos legales, sociales y económicos que la respaldan.
Un aspecto clave que preocupa es la falta de un análisis profundo sobre las posibles consecuencias institucionales, económicas, sociales o ambientales. Sin esta evaluación, es difícil prever si la implementación de esta ley traerá más beneficios que complicaciones.
Por ejemplo, se estila que los límites de un territorio sean establecidos a partir de la naturaleza del terreno como ríos, fallas geológicas o montañas, de ser así entonces los legisladores tienen tomar en cuenta el actual farallón que marca el límite al oeste y el sur como frontera con el inicio de la avenida Punta Cana (hoy la Jarda o Guateque hacia La Otra Banda).
El contenido de la propuesta, especialmente en artículos clave como el 4 y el 5, también merece revisión. La delimitación territorial que describe, incluyendo secciones y parajes como Juanillo, Cabo Engaño y Bávaro, no refleja con exactitud la realidad actual de la zona. Esto podría generar más distorsiones territoriales en lugar de resolverlas.
En el artículo 5, se detallan los límites del nuevo municipio, pero estos parecen ambiguos. La falta de claridad en la delimitación con La Otra Banda y Las Lagunas de Nisibón es preocupante. Definir correctamente los límites es esencial para evitar futuros conflictos territoriales.
La propuesta, además, ignora la realidad de las comunidades que podrían merecer su propia categoría como distritos municipales, tales como La Ceiba, Bávaro y Juanillo-Punta Cana.
No se puede ignorar la necesidad de estructurar el territorio de manera adecuada para garantizar un desarrollo equilibrado.
Para que esta necesaria e importante iniciativa sea efectiva y funcional, debe ajustarse al contexto actual del país y resolver las distorsiones territoriales existentes.
Si no se toman en cuenta estas realidades geográficas y administrativas, la propuesta no cumplirá con las expectativas y podría generar más problemas que soluciones.
Los congresistas tienen la responsabilidad de evaluar estos aspectos antes de convertir la propuesta en ley.
