COLABORACIÓN
Por Alex Domínguez
Cumplir con el presupuesto participativo (PPM) es cumplir con la Constitución. Cumplir con la Constitución es cumplir con el pueblo.
La gestión pública en el ámbito local tiene un papel clave en el desarrollo de nuestros municipios. Como líderes municipales, ustedes no solo administran recursos, sino que son los guardianes de la participación ciudadana, un principio que está profundamente arraigado en la Constitución de la República Dominicana, quiero destacar la importancia y el deber de cumplir con el presupuesto participativo, no solo como un requisito legal, sino como un compromiso ético con nuestros ciudadanos.
1. El respaldo constitucional del presupuesto participativo (Artículo 206)
El Artículo 206 de nuestra Constitución establece con claridad que la inversión de los recursos municipales debe realizarse mediante presupuestos participativos. Este principio constitucional no es solo una recomendación; es un mandato que busca fortalecer la democracia directa y garantizar que los ciudadanos tengan voz en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local.
Al cumplir con este mandato, no solo están alineándose con la ley, sino que están demostrando un profundo respeto por el derecho constitucional de la ciudadanía a participar activamente en las decisiones que afectan su bienestar y el desarrollo de su entorno.
2. Ley 170-07 y Ley 176-07: El marco legal que regula la participación ciudadana
La Ley 170-07, es una ley única que refuerza el deber de los gobiernos municipales de implementar los presupuestos participativos, estableciendo un marco claro de participación, planificación y ejecución. Además, el Artículo 236 de la Ley 176-07 otorga un mandato a los ayuntamientos a destinar al menos el 40% de su presupuesto de capital a los proyectos seleccionados por la ciudadanía mediante este proceso.
Cumplir con estas leyes no es solo un acto de transparencia y legalidad, sino una oportunidad para crear una gestión pública inclusiva, donde los ciudadanos no sean solo espectadores, sino actores clave en el desarrollo de sus comunidades.
3. El presupuesto participativo: Un acto de corresponsabilidad y fortalecimiento democrático
El presupuesto participativo promueve la corresponsabilidad ciudadana, haciendo que la comunidad se involucre no solo en la priorización de proyectos, sino también en su monitoreo y evaluación.
Este proceso fortalece la confianza entre los ciudadanos y sus autoridades locales, creando un lazo de cooperación que mejora la gobernabilidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Al involucrar a la ciudadanía, no solo estarán cumpliendo con un mandato legal, sino que estarán fortaleciendo el tejido social y creando un ambiente de gobernanza participativa, donde cada habitante siente que su voz cuenta y sus necesidades son atendidas.
4. Impacto positivo en el desarrollo local
El cumplimiento del presupuesto participativo no solo beneficia a los ciudadanos, sino que también impacta positivamente en la gestión municipal. Los proyectos que emergen de este proceso están alineados con las necesidades reales de la población, lo que asegura una mejor inversión de los recursos y, en consecuencia, un desarrollo más eficiente y equitativo.
Los presupuestos participativos generan soluciones comunitarias más acertadas, basadas en la realidad del municipio, lo que se traduce en mayor satisfacción ciudadana y un crecimiento sostenible en el tiempo.
5. El papel del alcalde como líder y facilitador del cambio. Los alcaldes, tienen la responsabilidad de ser líderes que promuevan un cambio positivo en sus comunidades. La Constitución y las leyes no deben ser vistas como simples requisitos formales, sino como instrumentos de transformación social. Cumplir con el presupuesto participativo les permitirá consolidar un liderazgo comprometido con el bienestar social, basado en los principios de transparencia, inclusión y equidad. Al ejecutar los presupuestos participativos, estarán cumpliendo con su deber constitucional y legal, pero también estarán dejando un legado de participación y corresponsabilidad que sus comunidades valorarán y recordarán.
El cumplimiento del presupuesto participativo no es solo una obligación constitucional y legal, sino una oportunidad de democratización real en la gestión municipal.
Es un paso hacia una mayor transparencia, eficiencia en la inversión pública y fortalecimiento del desarrollo local, todo bajo el amparo de la Constitución de la República Dominicana.

