COLABORACIÓN
Por Fernando Betancourt
La venta de productos dañados en supermercados es un problema creciente que afecta tanto a consumidores como a la reputación de los establecimientos.
A menudo, estos productos, que pueden incluir alimentos en mal estado, envases rotos o artículos con fecha de caducidad próxima, son colocados junto a mercancía en buen estado, generando riesgos para la salud y la seguridad del consumidor.
Uno de los principales factores que contribuyen a esta situación es la falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes.
Aunque existen normativas que regulan la venta de productos y la seguridad alimentaria, en muchos casos la implementación y vigilancia son insuficientes. Esto permite que los supermercados se deshagan de su inventario dañado sin asumir las responsabilidades adecuadas.
Los organismos reguladores deben realizar inspecciones periódicas y llevar a cabo sanciones más severas para aquellos que no cumplan con las normativas.
Sin una supervisión efectiva, los consumidores se ven expuestos a productos que pueden ser perjudiciales para la salud.
Otro aspecto crítico es la falta de responsabilidad de los empleados en la gestión de productos dañados. Muchas veces, la presión por mantener los estantes abastecidos y atractivos lleva a que se ignoren las condiciones de algunos productos.
Esto no solo es una falta de profesionalismo, sino también una grave irresponsabilidad que puede tener consecuencias para la salud de los consumidores.
La capacitación y concienciación de los empleados son fundamentales para evitar que estos errores se repitan.
Un buen sistema de gestión de inventario que incluya la revisión de productos dañados podría reducir significativamente el riesgo de que estos lleguen a los estantes.
Los consumidores que adquieren productos dañados pueden enfrentarse a diversas consecuencias, desde problemas gastrointestinales hasta lesiones físicas por envases rotos.
Además, la confianza del consumidor en el supermercado se ve gravemente afectada, lo que puede repercutir en las ventas y en la imagen del establecimiento.
Es imperativo que tanto las autoridades estatales como los supermercados asuman su responsabilidad en la venta de productos dañados.
La implementación de regulaciones más estrictas y la capacitación adecuada del personal son pasos necesarios para garantizar la seguridad del consumidor.
Solo así se podrá lograr un entorno de compra más seguro y confiable, protegiendo tanto a los consumidores como a la integridad de los establecimientos.Los productos dañados y vencidos en el mercado representan un riesgo significativo para la salud de los consumidores.
Un alimento dañado puede contener bacterias, hongos u otros agentes patógenos que causan enfermedades gastrointestinales, intoxicaciones alimentarias e, incluso, problemas crónicos de salud si se consumen de manera recurrente.
Los productos vencidos, aunque parezcan en buen estado, han pasado su fecha de caducidad, lo que significa que han perdido sus propiedades nutricionales y, en muchos casos, han comenzado a descomponerse a nivel microbiológico.
Un ejemplo común es la venta de productos lácteos vencidos, los cuales son particularmente peligrosos debido a su vulnerabilidad a la proliferación de bacterias como la Listeria monocytogenes y la Salmonella, que pueden causar infecciones severas en personas con sistemas inmunitarios debilitados, niños y ancianos.
Igualmente, otros productos como carnes, embutidos y enlatados pueden volverse tóxicos o perder su calidad después de la fecha de caducidad.
En los colmados, debido a las condiciones de almacenamiento muchas veces inadecuadas, los productos pueden estar expuestos al calor, la humedad o la luz solar directa, lo que acelera su deterioro.
Las prácticas inadecuadas en estos pequeños negocios, como vender productos mal almacenados o ya vencidos, son frecuentes, y los consumidores muchas veces no tienen la capacidad de discernir si lo que compran está en buen estado o no.
Uno de los principales factores que contribuyen a este problema es la falta de supervisión y control por parte de las autoridades responsables.
En la República Dominicana, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) tiene la responsabilidad de vigilar que los productos que se venden al público cumplan con las normativas sanitarias.
Sin embargo, la realidad es que la presencia de esta institución es débil en muchos puntos del país, sobre todo en zonas rurales, donde los colmados y pequeños comercios operan sin una supervisión rigurosa.
Además de Pro Consumidor, el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones de control sanitario tienen un papel clave en garantizar que los productos que llegan a las estanterías sean seguros para el consumo humano.
Sin embargo, la falta de personal, la corrupción y el limitado acceso a recursos hacen que estas instituciones no puedan llevar a cabo inspecciones con la frecuencia y profundidad que se requieren.
Esto deja a los consumidores expuestos a comprar y consumir productos que pueden estar en mal estado, lo que viola su derecho a la seguridad alimentaria.
Para abordar esta problemática de manera efectiva, es necesario que el Estado asuma un rol más proactivo en la fiscalización de supermercados, colmados y otros puntos de venta de productos alimenticios.
Las inspecciones deberían ser más frecuentes y rigurosas, y las sanciones por la venta de productos vencidos o dañados deberían ser ejemplares. Las autoridades tienen la responsabilidad de proteger la salud pública y garantizar que los comercios cumplan con las normativas establecidas.
Además, se deben realizar campañas de concientización dirigidas a los propietarios de colmados y supermercados para que comprendan la importancia de mantener productos en buen estado y asegurarse de que los consumidores estén protegidos.
Esto incluye una correcta rotación de inventarios, mantener los alimentos en condiciones de almacenamiento adecuadas y retirar inmediatamente los productos vencidos de los estantes.
También es esencial que se eduque a los consumidores sobre la importancia de revisar las fechas de caducidad y el estado de los productos antes de comprarlos.
La falta de información o educación muchas veces deja a los consumidores en una posición de vulnerabilidad frente a prácticas comerciales inadecuadas.
La venta de productos dañados y vencidos en supermercados y colmados es un problema que refleja no solo la falta de escrúpulos por parte de algunos comerciantes, sino también la ausencia de una supervisión efectiva por parte del Estado.
La protección del consumidor debe ser una prioridad para las autoridades, que tienen el deber de garantizar que los alimentos que se venden al público sean seguros y cumplan con las normativas establecidas. Solo a través de un mayor control, sanciones más estrictas y una educación adecuada, tanto para los comerciantes como para los consumidores, se podrá mitigar este grave problema de salud pública.