COLABORACIÓN
La reforma constitucional en la República Dominicana es un proceso riguroso y legítimo, diseñado para preservar la estabilidad democrática.
La propuesta del presidente Luis Abinader, respaldada por sectores clave, busca fortalecer las instituciones del país, pese a las preocupaciones sobre su oportunidad y necesidad.
Este artículo analiza los desafíos y el respaldo hacia una reforma que promete hacer más robusto y eficiente el sistema democrático dominicano.
Por Antonio Corcino
Modificar la Constitución de la República Dominicana tiene su proceso que no se puede violentar, cuyo diseño es para asegurar su legitimidad.
Este procedimiento, estipulado en la Carta Magna, exige que la reforma sea impulsada por el presidente de la república, una tercera parte de los legisladores o la Asamblea Nacional Revisora.
Tras su presentación, el Congreso Nacional debe declarar la necesidad de la reforma con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, antes de ser sometida a la Asamblea Nacional Revisora.
La Asamblea Nacional Revisora, actuando en pleno, tiene la facultad exclusiva de aprobar o rechazar la reforma.
Si es aprobada, se promulga y publica, entrando en vigor. Sin embargo, existen restricciones temporales que impiden declarar la necesidad de reforma en contextos como estados de emergencia o en los últimos seis meses del mandato presidencial.
Además, disposiciones como la reelección presidencial tienen limitaciones específicas que deben respetarse.
Dicha actuación busca garantizar que cualquier modificación constitucional sea el resultado de un consenso sólido y una reflexión profunda, y de esta manera se preserva la estabilidad del marco legal de la nación.
En ese sentido, la propuesta de reforma presentada por el presidente Luis Abinader ha generado inquietud, especialmente una parte de la oposición política, de cuestionamientos de algunos exjueces del Tribunal Constitucional y especialistas del derecho, quienes la consideran que no es oportuna ni y necesaria, sugiriendo, por ejemplo, que la unificación de elecciones podría representar un retroceso democrático.
Estas apreciaciones, expresadas durante un panel de Funglode dirigido por Leonel Fernández, denotan preocupaciones válidas que deben evaluarse en el contexto de la actual estabilidad política y social del país.
Por el hecho de que esta iniciativa cuenta con el respaldo de sectores clave como Participación Ciudadana, el CONEP, el PRM y otras organizaciones políticas del sistema, significa que tiene méritos que revisten de legitimidad y subraya su sentido de oportunidad y necesidad.
Si bien es cierto que el PRM, con su mayoría significativa en el Congreso, junto con el respaldo de instituciones no partidistas, grupos empresariales y otros partidos del Congreso como el PRSC, refleja un amplio consenso en un entorno democrático sólido, el aspecto que pretender otorgar más autonomía al procurador general destaca el compromiso de modernizar y robustecer la vida institucional del país.
Aunque los argumentos son comprensibles, el respaldo significativo que ha recibido la propuesta indica que no solo es legítima, sino también necesaria para fortalecer nuestro sistema democrático, haciéndolo más robusto y eficiente.

